El 23 de Julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha decidido contactar al Estado de Chile e iniciar el trámite de eventual admisibilidad de una denuncia internacional en relación al suicidio Infanto adolescente en Chile y de un caso en particular acontecido en la Región de O’Higgins, el año 2014.
La falta de una ley integral de protección de los Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia en Chile, que estipule de forma clara,  el rol de los centros educacionales como garantes de  derechos ante toda forma de maltrato desvelada en el espacio escolar,  la limitada potestad sancionadora efectiva  de la Superintendencia de Educación Escolar, la falta de una apropiada red de servicios sociales especializados  en infancia y familia  que apoyen a padres vulnerables,  las falencias que presentan las investigaciones criminalisticas en el área del suicidio Infanto Adolescente;  junto  al significativo retraso de nuestro código penal que data de 1874; y a la escasa utilización por parte de  los fiscales chilenos  del mecanismo de  Control de Convencionalidad disponible en el Derecho Internacional, deja  sin acceso a la justicia penal a un gran número de niños, adolescentes, padres y sus familias, especialmente de aquellos más vulnerables.
Lo que se traduce en la práctica,  en la perpetuación de la impunidad penal ante complejas situaciones de fallos inexcusables en el especial deber de cuidado de la fuente de la posición garante, negligencias institucionales  y tratos degradantes dentro del espacio escolar o instituciones de cuidado que tienen  a menores de edad a su cargo.
La decisión de la Comisión Interamericana de ahondar en la compleja área del  suicidio Infanto Adolescente en Chile,  se debería considerar como una  noticia buena y esperanzadora, que llega en un momento muy complejo para el país,  en términos de la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial  y del Ministerio Público,  principalmente en el área  de la infancia vulnerada   y en especial de la que se encuentra  bajo tutela de Estado.
Al menos todavía quedan  instancias internacionales de Derechos Humanos,  como alternativa última de justicia internacional para muchos niños, padres y familias chilenas, en especial de aquellos de zonas rurales y vulnerables como es la Región de Libertador Bernardo O’Higgins.

Myriam del Canto Segovia 

Trabajadora Social

Universidad Complutense de Madrid