Hace algunas semanas, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio cuenta al país, en un acto realizado  en  el Palacio de la Moneda, del resultado  de la fase participativa del proceso constituyente.  En la ocasión, se entregaron los resultados –a nivel de datos- del proceso; no es casualidad, entonces, que la discusión fuera monopolizada por los datos, y salir a respaldar el resultado, o bien, responder críticas que apuntaban a poner en tela de juicio la forma de procesar dichos datos –y, por añadidura, los resultados que se dan a partir de éstos- y, como era obvio, cuestionar la “representatividad” del número de participantes en la fase denominada “participativa”.  Así las cosas, no es de extrañar que las réplicas a dichos cuestionamientos fueran en la misma línea.  Lo expuesto, dejó en la penumbra lo más importante que ocurrió en ese acto, a saber: al final de discurso, la Presidenta de la República trazó el derrotero completo del proceso que debiera culminar en la dictación de una nueva Carta Fundamental.  Cerró la fase participativa, señalando que se enviaría al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional al Capítulo XV del texto vigente, sobre reforma constitucional, para efectos de incluir la regla que permita dictar un nuevo texto constitucional, tramitado por el constituyente derivado (el Congreso Nacional) teniendo como requisito para obrar de tal modo, la ratificación plebiscitaria del constituyente originario (el pueblo).
En suma, la Presidenta clausuró el debate acerca de la vía para la dictación de una Nueva Constitución. El 3 de abril de 2017, el Gobierno presenta el proyecto de reforma constitucional comprometido: modificar el capítulo de reforma constitucional, para vehiculizar la dictación de un nuevo texto. Partidarios de la asamblea constituyente dirán que, sin ésta, no hay nueva Constitución, y en el otro extremo estarán aquellos que, porfiadamente, dicen que la Carta de 1980 no requiere de reformas o, a lo más, admiten la posibilidad de introducir algunas reformas de muy poca importancia.  Cualquiera sea la opinión que se tenga, lo cierto es que la Presidenta de la República fijó un itinerario y ahora, en estos momentos, se inicia una nueva etapa: es el momento de la reforma constitucional que permita la dictación de una nueva Constitución.
Por lo expuesto, dos cuestiones relevantes quedan para comentar: ahora, puesto el proyecto en el Congreso Nacional, se conocerá la verdadera posición de cada fuerza política con representación parlamentaria, y dentro de éstas, la de cada parlamentario. También, es deseable conocer la posición de cada postulante a la presidencia de la República y ojalá, no sólo de manera indirecta, es decir, a través del voto de los parlamentarios que apoyan a tal o cual candidato, sino que expresen directamente su posición.  El voto, en esta reforma, será un indicio o antecedente que los ciudadanos tendrán -o debieran tener- en cuenta a la hora de votar por aquellos que buscan su reelección o buscan ocupar la primera magistratura del país.  Y, por último, ya dejando atrás –menos mal- la discusión acerca de la vía para la nueva Constitución, vuelve a recuperar todo su protagonismo el tema del contenido de la nueva Constitución: la forma de Estado y su conexión con la descentralización o autonomía regional; el tipo de Gobierno; el catálogo de derechos fundamentales y sus acciones protectoras; las facultades del Tribunal Constitucional; sumar o no órganos constitucionalmente autónomos, la segmentación legislativa (o tipos de leyes) y sus quórums;  la iniciativa exclusiva de ley, la reserva legal y  las facultades legislativas y fiscalizadoras del Congreso Nacional; todos, temas propios de un nuevo estatuto jurídico fundamental, respecto de los cuales poco y nada se ha oído hasta ahora, no porque existan grandes consensos al  respecto, sino porque –a mi juicio- se ha utilizado la discusión acerca de la vía como una forma de ocultar los desacuerdos constitucionales que existen en temas como los enunciados.  Ahora, que el Congreso Nacional no tiene otro camino más que pronunciarse de la reforma “preparatoria” para dictar una nueva Constitución, podemos averiguar si hay votos o no para dicho cometido; y también llegó el momento de discutir sobre los elementos de esa nueva Carta.  A partir de hoy, qué duda cabe, inicia la  gran discusión jurídico-política que algunos –como yo- anhelan culmine en la dictación de una nueva Constitución Política.

Alejandro Usen Vicencio
Profesor de Derecho Constitucional
Universidad Central de Chile