Entre renuncias, cambio de mando e instalación de nuevas autoridades, poco espacio ha quedado en la agenda pública, para analizar el mensaje presidencial enviado al Congreso por la Presidenta Bachelet, días antes de dejar La Moneda y que propone el texto para una nueva Constitución.
Las críticas aunque sin mucha repercusión, desde la oposición se concentraron en la oportunidad de ingreso del proyecto, y desde la otra oposición, en la desilusión por no haber cumplido las expectativas de cambios estructurales, tanto en la forma de abordar un cambio constitucional, como en el fondo de sus preceptos.
Lo cierto es que independiente de las declaraciones en prensa, las autoridades de Gobierno, optaron por la vía institucional. El proyecto no sólo reconoce el rol constituyente del Congreso Nacional y se somete a sus normas de tramitación, sino que para sorpresa de muchos, el texto incluso mantiene la estructura de la Constitución original. 
En su contenido se observa la intensión de dejar conformes a los grupos que hicieron del cambio una causa, pero en un tenor que probablemente no es aceptable para ellos. Es así como en un mismo capítulo del nuevo texto conviven el principio de subsidiaridad, casi en los mismos términos en que fue diseñado por Jaime Guzmán, y también normas de cuota de representación parlamentaria para los pueblos indigenas, atentando en contra de la igualdad ante la ley.
Se conserva como norte de la acción del Estado al bien común y  se robustece el concepto – de origen Cristiano – de dignidad del ser humano, pero se elimina la protección de la vida del que está por nacer por parte de la ley y se habla de familia en sus diversas modalidades.
Se refiere novedosamente a la responsabilidad fiscal, pero se incluye la gratuidad en la educación superior. Se amplia el catálogo de garantías constitucionales, pero se debilita fuertemente el recurso de protección.
En fin, las contradicciones que abundaron en la etapa de gestación de este controvertido mensaje, se reflejaron fuertemente en sus disposiciones. Quedará para el análisis académico, o podrá servir como insumo para cambios parciales, pero tal como ya se ha anunciado por el actual gobierno, movimiento en las comisiones del Congreso, probablemente no va a tener.

Arturo Squella Ovalle

Director Centro de Derecho Público y Sociedad

Facultad de Derecho y Gobierno

Universidad San Sebastián