Una propiedad estatal del recurso no necesariamente solucionaría todas las omisiones que la actual regulación contiene. Además, estatizar las aguas, inevitablemente, nos conduciría a discutir la necesidad o no de indemnizar a los actuales titulares de los derechos de aprovechamiento.

Mientras los derechos de aprovechamiento que no se destinen a fines productivos no estén condicionados a un fin específico como el de consumo humano y saneamiento o el medioambiental, cualquiera de estos objetivos queda fuera de nuestro alcance.

Lo que la sociedad busca no es que el Estado apadrine las aguas del mar, sino que genere los mecanismos necesarios y suficientes para que quién explote las aguas del mar, lo haga cumpliendo los estándares normativos adecuados para evitar su contaminación.