El máximo Tribunal se pronunció por primera vez sobre la materia y se alineó al criterio sostenido por la Contraloría General de la República (en lo sucesivo «CGR») desde su Dictamen Nº 27.945, de 2017. Lo anterior no es menor, ya que el ejercicio de esta prerrogativa está directamente vinculado a ciertos bienes jurídicos importantes dentro del procedimiento, como son el principio de contradictoriedad y el derecho a la defensa, garantías del debido proceso administrativo (CGR Dictamen Nº 4.473, de 2017).