La cosa juzgada no puede ser un obstáculo para el pleno y cabal cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a saber, «dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales».

La decisión adoptada por la Corte Suprema en el Pleno comentado es un paso en la dirección correcta, que apunta a cumplir con las obligaciones del Estado de buena fe, y de dar efectividad a la obligación convencional.

Se mantiene el presidencialismo puro vigente y no se transita hacia un Gobierno semipresidencial.