Columnistas
Emilio Oñate
Abogado de la Universidad Central de Chile, Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez y Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso. En el año 1997 fue elegido Presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho y luego en el año 1998 es electo Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Chile.
A partir del 2000 fue integrante del equipo universitario de Debate de la Universidad Central, más tarde en 2010 asumió como capitán del mismo equipo, que resultó finalista del VIII Torneo Hispanoamericano de Debate Universitario en Puerto Rico.
Entre los años 2002 y 2006 fue Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la V Región de Valparaíso y luego Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET, del Gobierno de Chile. Desde el año 2010 a la fecha ha sido consultor del Banco Interamericano del Desarrollo BID y la Organización Internacional del Trabajo OIT.
Actualmente, es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile. También se desempeña como profesor de Derecho Administrativo e imparte docencia en diversos programas de postgrado y magíster de la misma Universidad.
Se destaca su participación como profesor invitado en la Universidad Nacional de Panamá, en donde impartió la cátedra de Jurisdicción de Cuentas en el Derecho Comparado, en el Magíster de Derecho Público y Jurisdicción de Cuentas. También es profesor invitado en el Máster de Derecho Público y Economía Política en la Universidad de Lleida, España.
El Contralor y el sentido común.
Carece de toda lógica que no solo en la Contraloría, si no que en toda la administración del Estado, los funcionarios que son designados por la confianza que la autoridad que los nombra depositó en ellos, sean considerados de carrera, pudiendo incluso seguir ejerciendo sus funciones, aún cuando dicha confianza se haya perdido.
Aborto en Chile, fallo fortalece el Estado de derecho.
Los derechos, requieren para su configuración jurídica una capacidad que solo quiénes hayan nacido pueden tener.
Sobre resoluciones judiciales y dictámenes de la Contraloría General de la República.
No parece coherente que si a los funcionarios públicos se les aplica el mismo régimen de pensiones que al resto de los chilenos, salvo contadas excepciones, los uniformados tengan una regulación distinta.