Creemos que si es posible afirmar que el solo argumento de vigencia legal de algunas disposiciones, no basta para sustentar la aplicación de la misma, obviándose los casos concretos en los cuales impactará dicha aplicación; lo cual se justifica por diversas razones.

El derecho de los funcionarios a ser defendidos de los ataques que el precepto señala constituye un derecho, no un simple beneficio o gracia concedida por la institución pública.

Atendidas las características del proceso constituyente chileno, y al margen de le legítima posición que cada cual tenga respecto de la necesidad de cambiar la Carta Constitucional de 1980, no cabe duda, al menos para este profesor universitario, que estamos frente a un proceso revestido de las garantías de la democracia.

El no ser oído el jactancioso, como efecto de la condena de jactancia, es lisa y llanamente la pérdida de su derecho de acción o de comparecer a Tribunales a fin de obtener un pronunciamiento de fondo en un procedimiento racional y justo (artículo 19 número 3 de la Constitución Política), por el derecho que señaló pertenecerle y que no estaba disfrutando.