Independiente el camino que tome la ciudadanía siempre hay puntos que mejorar, por lo que la Agenda 2030 y, en particular sus objetivos pueden servir de base a la discusión.

En un ejercicio de prognosis Constitucional, las chilenas y chilenos decidirán – en un proceso de dos etapas- por una enmienda, mediante la opción rechazo o no ratificando el referéndum de salida el proyecto de nueva Constitución, o por una revisión Constitucional, adhiriendo la opción apruebo y ratificando el proyecto del nuevo texto propuesto por la Convención –cualquiera de ellas -, derogándose el Decreto Supremo N° 100, configurándose una revisión destructiva si ocurre este útimo hecho.

La labor de generar una reglamentación coherente, que realmente cumpla el objetivo inicial sin efectos adversos, es un proceso que trasciende lo jurídico y que debe considerarse desde la decisión de legislar hasta la elaboración del articulado.

La ley exige que los instrumentos públicos de los órganos del Estado se firmen con criptografía asimétrica, con certificados o software de firmado electrónico o avanzadamente; tal opción, porque en el hecho no posee y nunca se genera lo que la ley llama «plena prueba» de lo firmado, nos sigue  pareciendo una opción legal equivocada.