Numerosas normas aprobadas en las comisiones de la Convención rompen el carácter de República de nuestro país (el termino ni siquiera se mantiene en el texto aprobado en comisión) para crear en su reemplazo un “Estado Plurinacional; destruyen la esencia de un régimen democrático al eliminar la autonomía e independencia del Poder Judicial (que incluso se elimina como tal), crean un Estado y un régimen presidencial todo poderoso, eliminando los contrapesos propios de una democracia; abolen la libertad de expresión de los medios de comunicación; o eliminan libertades ciudadanas fundamentales.

Los pedidos de censura o proposición de confianza a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso requieren de no menos del quince por ciento (15%) del número legal de Congresistas para ser presentados. Es decir, dichas mociones requieren el respaldo de al menos 20 Congresistas para ser presentadas. Esta modificación es importante pues antes de la misma bastaba que un solo Congresista de la (una firma) presentara la moción para dar inicio al trámite correspondiente debilitando la institucionalidad y entorpeciendo las labores del Parlamento.

El principio de legalidad penal no debe ser superado ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, como es la epidemia de COVID, menos todavía cuando los tribunales intentan darle artificialmente el carácter de instrumento público a los certificados de Comisaría Virtual.

No cabe duda que las playas son bienes nacionales de uso público, si el propio Código Civil las menciona como ejemplo de esa clase de bienes, es decir, aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y su uso pertenece a todos los habitantes de esta. Entonces, se puede señalar -también sin ninguna duda-, que cualquier habitante de la República, sin distinción de ningún tipo, incluyendo chilenos y extranjeros, pueden hacer uso de las playas.  Pero otra cosa muy distinta, es el acceso a las playas, pues no está garantizado por el legislador, sino solo a las personas que ejercen determinadas actividades.