Todo indica que lo estamos, ante el inminente Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No olvidemos que así se pactó, al aceptarse la controversia planteada por Perú el 2008. Aunque en verdad se inició en 1986, con el conocido Memorándum Bákula, y construida pieza a pieza, paso a paso, con persistencia y habilidad. Hasta llegar a la Corte, donde todo lo que obtenga el Perú, por mínimo que sea, será a expensas de Chile. No pudimos o no supimos anticiparnos a esta realidad.

La Corte de La Haya dictará su Sentencia el 27 de enero. Un pleito que comenzó con la Memoria (Demanda) peruana, en enero de 2008. Seis años después, conoceremos el nuevo límite marítimo entre Chile y Perú. El de los Tratados de 1952 y 1954, reconocido por ambos países, y la práctica desde entonces, más las Actas de 1968 y 1969, ya no existe.

La figura del “presidente electo” aparece en los arts. 26 a 28 de la Constitución pero, seguramente porque se trata de un estado temporal, no ha sido mayormente estudiada. Dadas las circunstancias en las que estamos, en que se ha producido la segunda vuelta en la elección presidencial que debe nominar al sucesor, en este caso la sucesora, del Presidente saliente Sebastián Piñera, puede interesar fijarse en la regulación del especial estatuto jurídico del Presidente electo.

Hay quienes reclaman con denuedo poner fin a una Constitución impuesta por un gobierno autoritario sustituyendo el ejercicio de la soberanía popular. Pero cabe preguntarse si quienes así piensan representan a la mayoría. Y hay quienes creen que una Constitución que nos ha regido por más de 3 décadas y ha sido objeto de 33 reformas, merece la legitimación de su práctica y reconocimiento generalizado. Pero cabe la misma pregunta: ¿así piensa la mayoría?