En el caso de los beneficios tributarios, su fundamento se halla, a juicio del Tribunal, en el deber del Estado de “propender al bien común, particularmente, a la redistribución del ingreso nacional”.

Reformas de diverso alcance se encuentran en discusión, sistema educacional, tributario, electoral, laboral, pueblos indígenas, seguridad social, aborto, derechos de agua, asamblea constituyente, gobierno interior y litigios varios.

Esta vez nos favorece el derecho internacional en el juicio, más que los argumentos políticos, que la Corte debiera prescindir, a pesar de los precedentes contrarios en sus últimos fallos.

La aplicación de este derecho a reservarse el ingreso en este caso es más que discutible. En primer lugar, el derecho de admisión no se encuentra consagrado en la ley Nº 19.327, en los términos en que se lo describe en el comunicado.