La obligación de proteger supone una disposición proactiva: adoptar políticas que aseguren que entes gubernamentales, empresas o particulares no priven a personas o grupos de personas del acceso a los recursos y los alimentos.

Con la muerte de Duvalier se abren nuevas interrogantes sobre el futuro de la nación caribeña. Desde luego, el regreso del duvalierismo es una amenaza latente en un país en el que la intervención de las Naciones Unidas poco o nada ha significado en estabilidad institucional y desarrollo económico y social.

No es ningún misterio que los tipos penales de usurpación de aguas contenidos en los arts. 457 y siguientes del Código Penal, generan actualmente serias dificultades prácticas para ser invocados.

La mejora del prestigio ciudadano del Congreso Nacional –institución clave de nuestra República– no se resuelve con la propuesta de suprimir el Senado, medida que parece ser un tanto apresurada y populista.