La manera en que hoy día, con los valores que rigen actualmente en la sociedad chilena, se está mirando y juzgando un período crítico de nuestra historia, se efectúa sólo respecto de aquellos militares inculpados.

Por diversas causas, y por fuentes de distinto origen, se ha ido formando, en la sociedad civil chilena, una especie de “conciencia colectiva” de que todos los militares que ejercían funciones desde 1973 en adelante, tienen alguna forma de responsabilidad en los crímenes y delitos que se cometieron en el país a partir de aquella fecha.

No corresponden iniciativas personales, ya que se desempeñan siguiendo instrucciones. Si no las poseen, de conformidad con el criterio y profesionalismo que impone el Derecho Internacional, y la capacitación adquirida. Toda transgresión a estas disposiciones, deberá ser cuidadosamente vigilada por el país acreditante, e igualmente, por el país receptor.

Creo sinceramente que aún no nos hemos detenido a reflexionar con profundidad en torno a este trascendental asunto, omisión que, a mi parecer, a lo largo de toda nuestra historia republicana, ha generado un verdadero “vacío existencial”.