No parece existir argumento razonable alguno para sustentar una aplicación restringida del Recurso de Amparo Económico, como lo ha venido realizando erróneamente nuestra jurisprudencia nacional, máxime, si dicho arbitrio procesal tiene por objeto tutelar un derecho humano básico.

Creo que el problema de afectos nos atañe a todos, y he ahí la razón por la cual quiero cambiar esta Constitución: sencillamente, nunca la amé. Por eso, por más que me entregue “a cuentagotas” (entiéndase, estas últimas sentencias sobre el sistema electoral y la ley de inclusión), quiero cambiarla por otra.

Son tan grandes las diferencias culturales e históricas entre los pueblos originarios de Bolivia y los de nuestro país, así como las diferencias de composición social entre ambos países, que cualquier intento de hacer comparaciones o de formular contrastes, resulta inoficioso.

Lo que no comparto o no termino de comprender de su proposición es que, en vez de esa mirada simplista, propugne una lectura de la Constitución “como un programa que define los principales bienes o intereses sociales que los poderes públicos deben implementar”.