En materia de régimen de gobierno resulta impensado proponer uno parlamentario o semipresidencial, sin contar previamente con partidos políticos propiamente tales: los existentes son meras cúpulas políticas para distribuir candidaturas y empleos públicos.

Sin desconocer que -en alguna medida- la materialización de inversiones pende de la estabilidad del sistema jurídico, estimamos que “estabilidad” no es sinónimo de “inmutabilidad”.

Todo hace pensar que, tal vez, sólo debiéramos concentrarnos en el Juicio de La Haya, sin buscar más alternativas, por muy bien intencionadas o sabias que sean otras voces, como las del Papa Francisco.

Pareciera ser que la trasparencia obedece más que a un principio, a una suerte de estándar normativo, el cual deriva del reconocimiento que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le ha dado al derecho fundamental implícito de acceso a la información pública.