Una Constitución como pacto social, político, económico, ambiental y cultural, es un propósito que debe ser puesto en nuestra agenda, como una manera de fijar reglas que perduren por décadas.

Es claro que la especial relación de Puerto Rico con los EEUU significa ventajas para ambos países. Sin embargo, hay ciertas incongruencias que cada vez más, resultan difíciles de justificar.

Se ha insinuado últimamente que lo más importante es ir definiendo los contenidos de la nueva Constitución. Se olvida que este es el cometido principal de la asamblea constituyente y que la única intervención que corresponde a la Presidente y, eventualmente, al Congreso consiste en fijar las reglas orgánicas y procedimentales del proceso constituyente.

El punto clave aquí es si esta clase de conflictos deben ser resueltos a través de acciones y jueces administrativos o laborales. Para ello es esencial considerar lo que sostuvimos al comienzo: los funcionarios públicos son trabajadores (art. 1 CT). Ese es el eje del análisis.