Tiene sentido plantearse este cambio, particularmente en Chile. Recordemos que en nuestro país fueron los estudiantes secundarios quienes, el año 2006, pusieron sobre la mesa la discusión que terminó reemplazando la LOCE por la Ley General de Educación.

De aprobarse el proyecto, el derecho a la vida, protegido en el Artículo 19 Nº1 de la Constitución, se convertiría en el único derecho fundamental que puede ser afectado en su esencia impunemente.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica nos parece inviable que el Poder Constituyente derivado tenga facultades para avalar el reemplazo del ordenamiento superior cuya vigencia debe precisamente cautelar.

La Universidad de Chile al buscar una exclusión del ámbito subjetivo de control que ejerce el Consejo para la Transparencia sobre su actuar, no hizo más que devaluar la labor protectiva del Consejo.