El perfeccionamiento de nuestra forma de gobierno y la búsqueda de mecanismos que aseguren un funcionamiento institucional más armónico y equilibrado entre los poderes del Estado es hoy un objetivo prioritario.

Se plantea la discusión en doctrina acerca de la naturaleza jurídica de la Acusación Constitucional que consagra nuestra Carta Fundamental. Los autores debaten sobre si se debe considerar este mecanismo como un instrumento netamente político o bien un mecanismo jurídico.

La Corte Suprema echó por tierra la que creemos es la buena doctrina, a saber, que se indemnicen los perjuicios a contar de la fecha en que el deudor debió pagar cada una de las asignaciones profesionales mensuales que adeudaba a los demandantes, pues ha retardado culpablemente su obligación.

La Administración Activa, impulsada por la Contraloría General de la República, ha entendido que por el hecho que la ley radique facultades desconcentradas en un órgano centralizado, automáticamente, asimila esta situación a la del jefe superior de un servicio descentralizado.