No parece coherente que si a los funcionarios públicos se les aplica el mismo régimen de pensiones que al resto de los chilenos, salvo contadas excepciones, los uniformados tengan una regulación distinta.

No existe el “economicidio”, y por lo mismo debemos contrarrestarlo de manera activa y no pasiva, como casi siempre ocurre con Bolivia y su persistente campaña anti-chilena.

Se ha criticado que la norma sería inconstitucional porque vulneraría el derecho de propiedad al aplicar retroactivamente causales de extinción que no estaban previstas cuando ellos fueron constituidos.

El perfeccionamiento de nuestra forma de gobierno y la búsqueda de mecanismos que aseguren un funcionamiento institucional más armónico y equilibrado entre los poderes del Estado es hoy un objetivo prioritario.