No es un derecho fundamental general – la objeción de conciencia – con efectos liberatorios, para toda persona que lo invoque en cualquier situación, circunstancia que lleva a su delimitación en un sentido preciso y su alcance será relativo y nunca absoluto.

Me explico, la carga de la prueba la tiene el Estado. La persona se presume inocente, y es el Estado a través del Ministerio Público (no de los jueces) quien debe acreditar más allá de una duda razonable que al acusado le ha cabido participación en un delito como autor, cómplice o encubridor.

Esta sentencia constitucional tiene la importancia de dejar planteado un tema cuyo tratamiento en nuestro derecho es incipiente y seguramente impulsará mayores estudios y análisis de una materia tan fundamental como es la objeción de conciencia.