El fallo de la Corte, en el caso de la demanda de Perú contra Chile, fortaleció la posición de aquellos que sostienen que Chile debe denunciar el Pacto de Bogotá. Sin él, argumentan, no se habría producido la demanda de Perú y tampoco, agregan, la acción de Bolivia contra Chile.

sin perjuicio del énfasis que se le atribuye a la Constitución de 1980 en orden a privilegiar un Estado subsidiario, ello no es óbice para configurar un deber de garante del Estado en materia de derechos sociales.

El funcionario público contratado honorarios, es uno de los trabajadores más desprotegidos de la legislación chilena, pues, no hay discusión que, en los hechos, se trata de trabajadores que prestan sus servicios personales bajo vínculo y subordinación de un empleador, pero con un «contrato a honorario» que encubre un contrato de trabajo.

No deja de preocuparme el predominante rol que está empezando a tener la Subsecretaría de Derechos Humanos del cuestionado Ministerio de Justicia, que cuenta con facultades que deberían ser propias de un organismo independiente de Derechos Humanos como es el INDH.