Este desafortunado acuerdo del Consejo de la Orden — que adhiere entusiastamente al programa del candidato del PC-FA, incluso en aquello de “democratizar las comunicaciones”, y que con un lenguaje claramente comprometido y una llamativa presentación gráfica  llama a votar por él   — permite dar pie a quienes hace ya mucho rato vienen denunciando la abierta izquierdización de una buena parte del periodismo chileno, su militante compromiso ideológico con ese sector y una completa pérdida de la objetividad periodística.

El objeto de este comentario, es referirme a las modificaciones introducidas por la citada ley al procedimiento de policía local, destacando el esfuerzo del legislador por actualizar la normativa, conforme a las modernas técnicas procesales y el uso de Tecnologías de las Información y Comunicación (en adelante Tics), pero desconociendo las realidades y asimetrías de la justicia local, sin perjuicio de ello, destaco lo positivo de las modificaciones permanentes y transitorias que se introducen, con miras a modernizar el procedimiento y hacer más eficiente el acceso a la justicia local.

Que exista un domicilio digital único y obligatorio, pero no restringido en su uso a las notificaciones en procedimientos administrativos, podría ser un beneficio establecido masivamente, gratuito y con cercanía cotidiana a lo que antes se llamaba el ciudadano “de a pie”, hoy en día hiperconectado, en línea y cada día con menos brecha digital en cuanto a su conectividad.

Es importante que la doctrina siga nutriendo de contenido este nuevo delito para otorgar herramientas a tribunales que les permita mejor resolver aquellos casos que aún no han llegado a sus magistraturas respectivas, y que sin duda durante el año 2022 serán objeto de debate en los tribunales orales en lo penal de todo el país.