En relación con dicho proyecto de ley, considero que se puede mejorar con algunos cambios, que señaló el Centro de Estudios Constitucionales (CECOCH) al Senado en un informe en el cual tuve la oportunidad de participar, proponiendo exigir para la aplicación de la amnistía el cumplimiento de ciertos requisitos conforme lo resuelva el Tribunal, que den cuenta de la prisión política.

El origen del pronunciamiento, es una consulta realizada por la I Contraloría Regional Metropolitana en cuanto a la posibilidad de que las corporaciones municipales queden sometidas a dichos cuerpos normativos, atendido las funciones eminentemente públicas que desarrollarían, sumado a la finalidad de atender las crecientes exigencias en materia de transparencia e integridad en el ejercicio de la función pública; precaver conductas contrarias a la probidad administrativa, y resguardar debidamente los recursos públicos.

La nueva Constitución puede reconocer a la familia en sus bases institucionales mediante un concepto amplio que abarque a las diversas formas de familia existentes, o por venir, o aludiendo a un modelo de familia determinado. En ningún caso, ésta será neutral, porque es el marco para legislar y diseñar las políticas que afectan a la familia. Y esta discusión es eminentemente política, porque es la sociedad en el espacio democrático la que tiene que definir qué entiende por familia, ya que involucra a la libertad de las personas a formarla, a la vez que tensiona los derechos individuales entre sus miembros.

Requiere de completa capacitación, selección rigurosa y habilidades, al servicio del Estado que acredita al representante, que hoy está muy alejado del estereotipo que nos dejó el siglo XIX, y épocas pretéritas. Sus fines son múltiples en la actualidad, ya que se busca dar a conocer el país, optimizar el acercamiento mediante un conocimiento acabado del lugar de trabajo, informar adecuadamente a su gobierno, y representarlo en otro, o en los numerosos organismos.