Cuando los autores se refieren a la constitucionalización singular de un órgano de la Administración, lo hacen habitualmente como si se tratara de un dato histórico que da cuenta de una mayor importancia institucional de aquél a los ojos del Constituyente, pero sin mayores efectos jurídicos. Discrepamos abiertamente de ello, pues, en nuestra opinión, tal constitucionalización, incluso si se hace con mínima densidad (esto es, la Constitución sólo lo menciona), produce efectos jurídicos de la mayor trascendencia.

Es importante señalar que este año trae consigo dos tipos de elecciones en Latinoamérica: 1) Las Elecciones Calendarizadas; y 2) Las Elecciones No Calendarizadas. Estas últimas son aquellas cuya fecha de realización no se encuentra expresamente señalada en la legislación electoral de cada país y, por ende, son los organismos políticos y/o electorales los que, previa coordinación, definen la fecha de la jornada electoral, como es el caso chileno que dispondrán de una cédula de sufragio que contendrá la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?

Se olvida absolutamente esta sala de la I. Corte de Apelaciones del control de convencionalidad, lo que nuevamente pone en cuestionamiento a los órganos superiores del Poder Judicial y en definitiva su compromiso con un efectivo respeto de los derechos humanos de parte del estado de Chile; adicionalmente se podría suponer, respetuosamente y en estricto sentido técnico del concepto, ignorancia supina, esto es, “negligencia en aprender o inquerir lo que puede y debe saberse”.

Es un absurdo y un abuso intentar provocar forzadamente la paridad de género en órganos de representación popular elegidos por los ciudadanos, como ocurrió en la elección de constituyentes en que no se respetó la voluntad popular, torciendo los resultados, para provocar forzadamente dicha paridad, de modo que resultaron elegidos quienes no lo fueron y marginados quienes sí lo fueron.