Dado que es un deber del Estado, es plausible exigir una lucha y prevención eficientes. La propagación de una posible epidemia de control puede dar lugar a responsabilidad, siempre que se compruebe la omisión, la conducta ilícita y el daño.

Ni el derecho a la propia imagen, ni el derecho a la propia voz se encuentran reconocidos expresamente en la Constitución Política de la República, como sí ha ocurrido en otros países.

Es evidente que el sistema presidencialista que actualmente nos rige está provocando más trastornos que beneficios.

No será de extrañar, como ya se ha advertido por los científicos, que el proceso de investigación y comprobación, buscará ser mucho más corto que los habituales, que por lo general requieren de varios años. Esta vez, por la presión internacional, podría obtenerse en un año o algo más.