En el escenario actual, el uso de las tecnologías y los nuevos entornos digitales suponen como características esenciales la inmediatez, masividad y viralización de las informaciones, muchas veces falsas o alejadas de la realidad, lo que nos obliga a procurar fortalecer los niveles de protección para resguardar el derecho a recibir información veraz en los contextos digitales.

Ese artículo plantea el viejo problema del carácter supraconstitucional de ciertas disposiciones materiales de una Constitución. Si bien, el problema de su respeto o violación, no debería presentarse durante los trabajos de la Convención Constitucional, siempre podrá presentarse una vez adoptada la nueva Constitución (si es que lo es, en el caso que los constituyentes logran redactarla a tiempo), cuando el constituyente derivado estará en función. Tales disposiciones no solo son antidemocráticas, sino que también ineficaces y peligrosas.

Lo que debería hacer la Convención Constitucional es llevar la discusión despojada de abstracciones y plantear para Chile el sistema de gobierno que permita de la mejor manera alcanzar la eficiencia y eficacia del Estado al ejercer la función administrativa y de gobierno, así como la concordia ciudadana, tan escasa por estos días, a partir de un sistema compatible con la cultura política, social y económica nacional.

La positiva evaluación del proceso de inoculación, resultan de atención las posturas en contra de la vacunación que, de no revertirse, podrían generar un nuevo problema de salud pública a corto plazo. Esto nos enfrenta a las razones que sostienen las posturas de vacunación obligatoria versus vacunación voluntaria, en las que libertades de locomoción, reunión y el derecho de propiedad, entre otros, están implicados. La investigación acelerada que ha estado detrás de las vacunas en algunas personas ha devenido en incertidumbres y desconfianzas, que nos acercan a temas de ética en la investigación y en los métodos científicos utilizados.