La propuesta y una Política Pública de Datos Abiertos son esenciales, y constituyen una derivada inherente a los procesos de Egob que técnica y funcionalmente facilitan disponibilizarlos. Pero es un ámbito que no busca evitar -directamente- corrupción o faltas de probidad sino permitir control social.

Durante muchos años se advirtió de sus problemas, los movimientos sociales eran manifiestamente claros en evidenciar que existía una falla en la Sala de Máquinas Constitucional. Largos ríos de tinta han corrido explicando aquello. Por ello a futuro necesitamos de un aceite que vaya ajustando aquellos engranajes que están oxidados.

El proyecto anti colusión ve hoy sorpresivamente entrampada su tramitación legislativa a raíz de una discusión parlamentaria ya resuelta por la Ley N°20.945: la titularidad de la acción penal para el delito de colusión. Lo que a primera vista parece ser una mera disputa sobre las virtudes del sistema de libre competencia nacional, refleja una situación aún más preocupante: la transgresión de los parlamentarios a las normas que rigen su labor legislativa.

El ejercicio del dominio del titular sobre su unidad puede ser limitado válidamente por el reglamento de copropiedad, en cuanto este determina el uso que debe tener cada unidad. Los fundamentos de la limitación pueden ser, el derecho otro propietario o el interés colectivo.