El máximo Tribunal se pronunció por primera vez sobre la materia y se alineó al criterio sostenido por la Contraloría General de la República (en lo sucesivo «CGR») desde su Dictamen Nº 27.945, de 2017. Lo anterior no es menor, ya que el ejercicio de esta prerrogativa está directamente vinculado a ciertos bienes jurídicos importantes dentro del procedimiento, como son el principio de contradictoriedad y el derecho a la defensa, garantías del debido proceso administrativo (CGR Dictamen Nº 4.473, de 2017).

Ahora será obligatorio el uso -genéricamente- «de plataformas electrónicas», y que los órganos de la Administración estarán obligados a disponerlas y usarlas adecuadamente para efectos de llevar expedientes electrónicos, las que deberán cumplir -es imperativo- con estándares de «seguridad», «interoperabilidad», «interconexión» y «ciberseguridad».

En el ámbito público, destaca su labor como asesor del Senado durante 18 años, y como Secretario de la Comisión de Constitución y Justicia de dicha cámara entre 1969 y 1972. A continuación, fue Ministro de Educación y de Justicia bajo el gobierno del ex Presidente Salvador Allende en 1972 y 1973.

Ahora la discusión en Chile ha ido más allá: no basta con conocer los rubros que la autoridad ha estimado esenciales, sino que también se ha vuelto necesario conocer los bienes que en detalle se ofrecen al mercado. Sólo así, se ha dicho, se podrá saber quiénes, bajo la pantalla de lo esencial, en realidad se están dedicando a lo no esencial.