Conforme a las decisiones de la Corte, Chile tiene una judicatura militar cuya orgánica carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, de las garantías del debido proceso y que mantiene una competencia excesiva, en la que los tribunales militares en tiempo de paz conocen de causas que exceden la competencia estricta y de función que corresponde a estos tribunales especiales.

Siguiendo en parte lo indicado por Eduardo Novoa Monreal, es claro que el ordenamiento jurídico de alguna forma es la expresión de las condiciones sociales que sustenta; siendo lo socialmente imperante determinado formalmente por el Derecho Positivo(1); al respecto, la propiedad no escapa de aquello en Chile, la cual tiene un acervo radicalizado sobre este derecho, fenómeno propio de los Estados liberales y de la sociedad capitalista.

El declarado “Estado de Bienestar” se conecta también con el ejercicio mismo de las libertades ciudadanas como las de emprendimiento, asociatividad, comercio y consumo y al derecho de cada persona a forjarse un mejor pasar para ellos y sus familias, y progresar hasta donde quieran y puedan llegar, aunque otros vayan más atrás.

Por mucho tiempo la aplicación de la consulta indígena en el régimen concesional minero ha sido un tema resistido tanto por la judicatura como por el Estado. Ad portas de una nueva Constitución, parece ser el momento de discutir con profundidad la aplicación de ésta en el régimen concesional minero, lo que podría significar, entre otras cosas, el fin del orden público económico minero tal como fue teorizado en su tiempo.