Es necesario volver a hacer un llamado a actualizar con urgencia la ley 19.223, derogándola y publicando una normativa acorde a nuestros tiempos, no como el proyecto de ley que se encuentra durmiendo en el congreso desde el 2018, que se anunció con bombos y platillos, y que solo nos iguala a la convención de Budapest, que data del año 2001.

Hay códigos que exigen que estos estados pasionales tengan lugar por estímulos tan poderosos como si se produjeran “naturalmente”. Así lo exige el caso chileno.

Me explico, la carga de la prueba la tiene el Estado. La persona se presume inocente, y es el Estado a través del Ministerio Público (no de los jueces) quien debe acreditar más allá de una duda razonable que al acusado le ha cabido participación en un delito como autor, cómplice o encubridor.