Ahora sobrevivir se convierte en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Los propios ciudadanos, sin mayores cuestionamientos, le pedimos al Estado la mayor intervención posible en la esfera de nuestros derechos fundamentales. El Estado por su parte se debate entre el dilema de protegerlos y la mantención del sistema económico.

Hay algunos que hablan de cerrar ciudades, ahí yo tengo mis reparos, ya que una medida como esa afectaría derechos fundamentales, como por ejemplo, el libre desplazamiento de las personas.

Los problemas de injusticia social y de falta de equidad que presentamos como sociedad chilena no se resolverán a través de una nueva Constitución, pero sin lugar a dudas permitirá materializar cambios estructurales sustanciales que contribuyan a su resolución.

Pareciera que el problema no es la falta de legitimidad de sus autoridades, sino más bien, de los sistemas de nombramientos en virtud de los cuales se legitima el ejercicio del poder público, en los cuales por cierto, debe incluirse la participación de los destinatarios de ese poder.