El proyecto anti colusión ve hoy sorpresivamente entrampada su tramitación legislativa a raíz de una discusión parlamentaria ya resuelta por la Ley N°20.945: la titularidad de la acción penal para el delito de colusión. Lo que a primera vista parece ser una mera disputa sobre las virtudes del sistema de libre competencia nacional, refleja una situación aún más preocupante: la transgresión de los parlamentarios a las normas que rigen su labor legislativa.