¿Puede un texto legal restablecer la confianza social?
¿Es posible que una nueva Constitución Política logre que nuestro país tenga un trazado común que nos conduzca a todos?
¿Puede una conversación intensa, de esas que no se olvidan, dejarnos como resultado un marco que sustente nuestros principios?
La confianza social se ha deteriorado. Existe un estado de incredulidad y sospecha hacia el poder.
Aquello no sólo se dirige hacia el poder formal de la política. Lo que está en entredicho hoy, cubre como un manto a todos quienes toman decisiones o tienen acceso a ellas, y en todos los ámbitos de la vida social.
No cabe duda que esto es evidentemente grave y perjudica, de paso -en la generalización-, a todas aquellas personas, organizaciones e iniciativas que trabajan en buena voluntad por el país, por una región, ciudad o barrio, por una causa o por un propósito.
Se escucha con cierta recurrencia ahora, que cada vez es más compleja la participación, que está menos orgánica, más liberada producto de las redes sociales y por lo tanto, menos articulada. Que las instituciones están cada vez más desconectadas y que no son verdaderas correas de transmisión entre las diversas capas de la sociedad.
Y qué decir de la representación ante la inmensa diversidad que asoma, donde cada uno se representa a sí mismo y pocos entregan parte de su libertad para hacer comunidad con otros y favorecer miradas mayores que hagan crecer el tejido de la sociedad. Sólo en las instituciones políticas se ha visto un nuevo modo de ser evaluado y se han debido extremar los acentos para cumplir con los mandatos respectivos, ya sea desde la ejecución políticas públicas o bien desde el mandato popular.
Por lo anterior, vale la pena volver a las preguntas del inicio y contestarlas con un sí consistente, pues en momentos en que la sociedad está en transición hay que “poner la pelota en el piso”, mirar el contexto y dibujar un camino. Una conversación larga entre los chilenos, mirando las cosas buenas y las que deben mejorar, buscando aquello que nos parece justo y posible a todos, persiguiendo un ideal de confianza que nos involucre y reconociendo que el mundo ha cambiado y debemos ajustar nuestra ley fundamental que ordena nuestra convivencia.
Una Constitución como pacto social, político, económico, ambiental y cultural, es un propósito que debe ser puesto en nuestra agenda, como una manera de fijar reglas que perduren por décadas, que nos estimulen, que nos protejan y que nos produzcan el legítimo orgullo de haber escrito entre todas las manos que somos, una síntesis de nosotros como país y lo que aspiramos para nuestra vida, la de nuestros hijos y de la comunidad a la que pertenecemos (Santiago, 12 agosto 2015)