Del  “Congreso del Futuro” desarrollado días atrás en Santiago, destaco, en el ámbito de las Humanidades, la exposición de Michael Sandel. Autor de varios libros, el profesor de la Universidad de Harward -quien saltara a la fama con su penetrante replica a las tesis de John Rawls contenidas en su “Teoría de la Justicia”- forjó, secundado por  Alasdair Mac Intyre, Charles Taylor y Michael Walzer, entre otros, una corriente de pensamiento que algunos llaman “comunitarista”. Esta, en realidad, más que una Escuela, es un conjunto de  diferentes visiones acerca de las relaciones entre el individuo y la comunidad, coincidentes en la crítica a algunas perversiones de la sociedad individualista. En particular, Sandel nos vino a recordar algunas ideas bastante de sentido común por lo demás: que el Estado no puede ser -aunque se lo proponga- neutralmente ético; que las personas no suelen elegir libremente sus objetivos porque vienen condicionados por la comunidad de la que proceden. Vino a hablar, en suma, de los límites del mercado y de cómo, sin darnos cuenta, una “economía de mercado” puede devenir en una “sociedad de mercado”, en la que ya casi nada es gratis y casi todo tiene precio, casi todo se puede comprar. Un problema grave que desemboca en que,  como expresaba recientemente en una entrevista, “cuanto más cosas el dinero puede comprar es más difícil ser pobre”. Vientres de alquiler, venta de sangre o de órganos;  pagar por tener derecho a contaminar o a cazar animales en vías de extinción, o por acceder a mejores celdas en una cárcel. Ejemplos parecidos se pueden multiplicar al infinito.  Los  abogados sabemos que, sin embargo, existen regulaciones y limitaciones, llámensele normas de orden público, restricciones a la autonomía de la voluntad, derechos irrenunciables, garantías indisponibles o buenas costumbres.

Pero las normas legales son insuficientes cuando las sociedades que ellas regulan,  no las sienten adecuadamente justificadas y, en la misma medida, como propias, sino   ajenas o –peor aún- como un inevitable homenaje a lo políticamente correcto. Ello es fácil constatarlo con el trabajo infantil, un ejemplo de los excesos a que puede llevar una “sociedad de mercado”, pues si todo se puede comprar, por qué no ha de serlo el trabajo de un niño. Del trabajo infantil  nos habló, en el mismo “Congreso del Futuro”, Kailash Satyarthi. Este activista indio, galardonado con el Nobel de la Paz 2014, fundó una ONG, la BBA  -Movimiento para Salvar la Infancia- y lideró, en 1998 la Global March Against Child Labor, una movilización civil que reunió más de siete millones de personas y que en la actualidad organiza manifestaciones para denunciar el trabajo  en condiciones de semiesclavitud de los niños indios en las fábricas. Merece destacarse que el trabajo de la BBA no está supeditado a cambios legislativos o a políticas gubernamentales, sino que es impacientemente práctico. Sus esfuerzos se proyectan, por ejemplo,  en  redadas a talleres y fábricas donde se usa mano de obra esclava infantil,  en ayudar a pagar  deudas de los padres para evitar que envíen a sus  hijos a trabajar y en  generar  conciencia en los consumidores tanto en India como en el resto del mundo para que no consuman productos fabricados con  trabajo de menores.

Iniciativas y trabajos de este tipo resultan insustituibles por todas las leyes y Convenios internacionales que puedan existir. Ciento sesenta y ocho países han ratificado  el Convenio de la OIT sobre edad mínima de admisión al empleo, N° 138 (de 1976) y ciento ochenta lo han hecho con  el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, N° 182 (de 1999). Sin embargo, según  cifras  del 2013 de este organismo internacional, el número global de niños en situación de trabajo infantil en el mundo se calcula en 168 millones, un enorme avance comparado con los 246 millones que se constataban el año 2000. Del total,  más de la mitad, es decir 85 millones efectúan trabajos peligrosos, siendo la región de Asia y el Pacífico la que registra el número más alto de niños (casi 78 millones o 9,3% de la población infantil) y el África Sub-sahariana la región con la más alta incidencia de trabajo infantil (59 millones, más del 21%). Pero tanto como las cifras,  impacta  el enorme contraste entre los compromisos normativos y su cumplimiento.

El trabajo infantil perpetúa la pobreza, genera desempleo entre los adultos,  neutraliza los esfuerzos  de capacitación y somete a niños a situaciones de abusos. Pero, además, en muchos casos, afecta la salud y la integridad física y psíquica de menores. Desde hace años es conocido el trabajo de niños  en la fabricación de calzado y pelotas de futbol en la India y Pakistán, situación en cuya difusión  han colaborado algunas reconocidas marcas que, a manera de diferenciación, destacan el no uso de mano de obra infantil en sus productos. Más preocupante sin embargo son algunos trabajos infantiles particularmente peligrosos y de los que poco se sabe. Según datos de UNICEF, alrededor de 40.000 niños menores de 15 años trabajan en la República Democrática del Congo extrayendo Cobalto en peligrosas minas subterráneas, moviendo pesadas cargas durante 12 horas diarias por menos de dos dólares.  El Cobalto es vendido a la Congo Dongfang Mining (CDM), una filial del gigante chino de la minería Huayou Cobalt, que a su vez lo distribuye a fabricantes de baterías de vehículos y de teléfonos celulares,  proveedores de Apple, Samsung y Sony entre otras marcas. Tal  red de intereses, como puede adivinarse fácilmente, transforma las leyes o convenios internacionales en una débil y casi ingenua herramienta disuasiva. Además, las explicaciones del trabajo infantil son extraordinariamente complejas, como lo prueba el hecho de encontrarse presente, aún en las economías más desarrolladas. En los Estados Unidos, una anacrónica Ley del Trabajo, exceptúa de la prohibición de trabajo infantil a las actividades agrícolas. Se trata de una normativa dictada en  épocas de pequeñas granjas familiares y que en la actualidad es invocada por grandes empresas tabacaleras que emplean niños menores de quince años en una actividad recolectora, que los somete a un paulatino envenenamiento por nicotina, además de arriesgarlos a reiterados accidentes laborales causados por el escaso desarrollo corporal de los pequeños.                        

Chile ha ratificado los dos instrumentos internacionales antes citados y tiene una legislación y una política de fiscalización coherente con ellos. Sin embargo, el año 2013, la primera “Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile, reveló que 219.000 niños de entre 5 y 17 años trabajan en diferentes actividades, principalmente en el comercio minorista, producción agropecuaria y actividad de construcción. La conclusión es obvia: para erradicar el trabajo infantil en nuestro país, resulta totalmente insuficiente  la normativa aplicable y su fiscalización. Hace falta  diseñar e implementar políticas públicas directamente focalizadas a asegurar el acceso y fiscalizar el cumplimiento de educación básica de calidad y a permitir ingresos familiares suficientes para la satisfacción de las necesidades fundamentales. Se trata de un imperativo ineludible si efectivamente existe consenso sobre la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en la época más determinante de lo que es el desarrollo futuro de las personas (Santiago, 8 febrero 2016)