Días atrás, mientras los ojos del mundo estaban puestos en Grecia y su tira y afloja con sus principales acreedores, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla intentaba llamar la atención respecto de la situación financiera de su país. Una deuda pública de 73.000 millones de dólares, que calificó de “impagable”: “No podemos permitir que se nos obligue a escoger entre pagarles a policías, maestros y enfermeras o pagar la deuda”-señaló dramáticamente a quien quisiera oírlo-. Como era de esperar, el líder de la oposición calificó de irresponsables sus afirmaciones, descartando que la isla fuera, como algunos ya le han llamado, “la Grecia del Caribe”. Sin embargo, lo cierto es que  la situación económica de la isla es delicada,  como lo evidencian algunas cifras: entre 1980 y el año 2000, el promedio anual de personas que abandonaron Puerto Rico para radicarse en  EEUU fue de 12 mil personas; mientras la emigración  hacia el continente entre  el año 2000 y el 2013 llegó a un promedio  de  48 mil portorriqueños. Es una realidad delicada,  porque  esa fuga de mano de obra afecta la base de recaudación tributaria, agravando la situación económica.

Como lo manifestara recientemente  la Corte Suprema Federal, Puerto Rico pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos de América. Su condición de “Estado Libre Asociado”  (ELA) constituye uno de los últimos resabios del Tratado de París de 1898, en virtud del cual EEUU recibió Puerto Rico, junto a Guam y Filipinas por 20 millones de dólares de una derrotada España. En pleno siglo XXI,  representa una forma encubierta de colonialismo que  ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas desde hace  tres  décadas, sin que se hayan traducido en cambio alguno. El sentimiento del pueblo boricua, sin embargo, es relativamente claro: en el referéndum del año 2012, el 54% de los votos válidos respondieron NO a la pregunta de si estaba de acuerdo con el actual estatus de “Estado Libre Asociado”. Preguntados acerca de la opción preferida, sólo un 5% de los votos válidos se inclinó  por la independencia, contra un 61% que se manifestó por  la llamada “estadidad”: la incorporación como un Estado más –el 51avo- a los Estados Unidos de América. Sin embargo,   no se divisa ninguna decisión en tal sentido  de parte del gobierno norteamericano,  aunque tampoco en sentido contrario. Todo parece indicar que la idea es prolongar un cómodo  status quo en las relaciones con Puerto Rico.

Es claro que la especial relación de Puerto Rico con los EEUU significa ventajas para ambos países. Sin embargo, hay ciertas incongruencias que cada vez más, resultan  difíciles de justificar. Recientemente, el juez del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito,  Juan R. Torruella del Valle, resolvió que la definición de “Estado” en el Código de Quiebras federal  incluía inicialmente a Puerto Rico y que las enmiendas de 1984,  quitando la protección de quiebras a los municipios de Puerto Rico, son inconstitucionales pues carecen de base racional. En tanto, los tribunales de EEUU  han anulado la legislación portorriqueña,  que permite a los distritos locales declararse en bancarrota. En la Isla caribeña, voces oficialistas claman por una modificación legal que les allane el camino a una solución equivalente a la que permitió a Detroit declararse en quiebra el año 2013 y de ese estado,   resurgir paulatinamente. Se trata de una situación tanto más arbitraria si se considera que  en cambio, para otras materias, Puerto Rico es tratado    como un integrante más de los EEUU, con evidentes perjuicios para su economía.

La incongruencia que señalamos se presenta, en forma manifiesta, en ciertas restricciones en el comercio marítimo. La aplicación de Ley de Marina Mercante de los EEUU, de 1920, implica, para Puerto Rico un encarecimiento del transporte marítimo de entre un 25 y un 40 por ciento. De acuerdo a ella,  los barcos que transportan mercancía entre la isla y los EEUU deben ser de tripulación, bandera y fabricación estadounidense. Dicha normativa, que resultó comprensible y útil  durante la segunda guerra mundial, hoy carece de justificación: casi no ha habido intervención de marina mercante en los conflictos bélicos de EEUU en las últimas décadas y, económicamente,  representa un proteccionismo anticuado  y que tiende a la obsolescencia de la flota mercante.  Sobre la materia, no existen reglas inmodificables. El año 1980, una enmienda excluyó de la Ley de Cabotaje a los barcos cruceros que transportan pasajeros entre Puerto Rico y EEUU con bandera extranjera, generando un impulso importante a la actividad turística.  Ahora se espera la exclusión total de Puerto Rico de las restricciones, tal como sucedió con las Islas Vírgenes en 1936. Pueden haber otras soluciones.  En la actualidad, se encuentra en trámite un proyecto presentado por el Senador republicano John McCain, para derogar las leyes de cabotaje, pero éste ha debido enfrentar la dura oposición de la Unión Marítima Internacional y de la principal asociación norteamericana de manufacturas de embarcaciones, The Navy League of the United States.

Existen razones vinculadas a la identidad cultural y la composición social del pueblo portorriqueño que llevan a pensar que la incorporación de la isla a la Unión Americana resulta poco probable en el breve y aun en el mediano plazo. Mientras la opción de la estadidad no se concrete y tampoco se conquiste la improbable soberanía nacional,  no resulta conveniente ni  justo que el anómalo estatuto jurídico territorial de Puerto Rico se vea agravado por la aplicación de normativas incongruentes con los principios de libre comercio y de autodeterminación que resultan vinculantes para  la comunidad internacional (Santiago, 10 agosto 2015)