El próximo 26 de agosto el Presidente del Consejo de Ministros, señor Guido Bellido Ugarte, concurrirá al Congreso de la República (en adelante, Congreso) en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, planteando al efecto cuestión de confianza, según lo dispone el artículo 130° de la Constitución Política (en adelante, Constitución).
Al respecto, es importante recordar que en setiembre de 2000 los estados miembros de las Naciones Unidas (fueron 191 los firmantes) acordaron tratar de alcanzar 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio: 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la enseñanza primaria universal; 3) Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, 4) Reducir la mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud materna, 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Para ello, los jefes de Estado y de Gobierno (en algunos países como el Perú ambas funciones son ejercidas por el Presidente de la República) se comprometieron a diseñar políticas de gobierno destinadas justamente a luchar contra la pobreza, las enfermedades, el hambre, la degradación del medio ambiente, el analfabetismo y las discriminación contra la mujer, entre otros.
Luego, sobre la base de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2015, nuevamente, diferentes jefes de Estado y de Gobierno de distintos países de las Naciones Unidas, se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y elaboraron la Agenda 2030 que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales buscan ampliar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y alcanzar aquellas metas que no se cumplieron.
Entonces, lo que se busca es que todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo o riqueza, se comprometan a promover la prosperidad y a proteger el medioambiente, incorporando en su política general de gobierno las medidas que resulten necesarias para conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los mismos que no son “jurídicamente obligatorios” pero que constituyen obligaciones políticas adoptadas por los estados frente a la comunidad internacional y sus propios ciudadanos.
Dicho todo ello, teniendo en consideración que el próximo 26 de agosto el Presidente del Consejo de Ministros concurrirá al Congreso, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, en el marco de una pandemia como la COVID-19 que ha golpeado a la humanidad de manera terrible, pero sobre todo, a los países pobres o en vías de desarrollo como el nuestro, considero necesario referirme puntualmente a lo que se dice en la Agenda 2030 sobre los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Fin de la pobreza
Los gobiernos deben tener presente  lo siguiente: “A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36 % en 1990 hasta un 10 % en 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo, y la crisis de la COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que las consecuencias económicas de la pandemia podrían incrementar la pobreza en un 8% de la población mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 30 años, desde 1990”.
Hambre cero
Los gobiernos deben tener presente lo siguiente: “Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa. La pandemia de la COVID-19 podría duplicar ahora esa cifra y sumar unos 130 millones de personas más que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales de 2020. Con más de 250 millones de personas que podrían encontrarse al borde de la hambruna, es necesario actuar rápidamente para proporcionar alimentos y ayuda humanitaria a las regiones que corren más riesgos. El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre”.
Salud y bienestar
Los gobiernos deben tener presente lo siguiente: “Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un riesgo mundial y han demostrado que la preparación es vital. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló las grandes diferencias relativas a las capacidades de los países para lidiar con la crisis de la COVID-19 y recuperarse de ella. La pandemia constituye un punto de inflexión en lo referente a la preparación para las emergencias sanitarias y la inversión en servicios públicos vitales del siglo XXI”.
Educación de calidad
Los gobiernos deben tener presente lo siguiente: “En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria. Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más vulnerables y marginados”.
Igualdad de género
Los gobiernos deben tener presente lo siguiente: “Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Las mujeres también se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan, de manera desproporcionada, en mercados laborales inseguros. Cerca del 60 % de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza. La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas”.
Como podemos apreciar, he seleccionado estos 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible porque nos recuerdan, como se expone en la Agenda 2030, que los derechos humanos son fundamentales para dar forma a la respuesta que los estados adoptan frente a la pandemia a través de la implementación de su política de gobierno. Por tanto, hoy más que nunca, es necesario que las medidas que adopten los gobiernos respeten los derechos humanos, implementado políticas efectivas e inclusivas que busquen, entre otras cosas, reducir la desigualdad y las brechas sociales existentes.
Por lo expuesto, el nuevo gobierno del Perú debe recordar que las políticas públicas se elaboran siempre de conformidad con el orden constitucional vigente. En esa línea, deberá tener presente que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad (por ende de sus derechos fundamentales) son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que uno de los deberes primordiales de todo Estado democrático es el de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, según lo disponen los artículos 1° y 4° de la Constitución. (Santiago, 24 agosto 2021)