El principio democrático se traduce en una garantía de legitimidad hacia el conjunto de la Administración del Estado en tanto reconduce la acción administrativa en orden a asegurar una cierta condición democrática de las decisiones de la Administración razón por la cual es un requisito esencial el paradigma que vincula a la Administración del Estado a la juridicidad.
El título de esta columna hace referencia al documento propuesto por el Partido Republicano y compartido por José Antonio Kast a través de su cuenta Twitter hace unas semanas atrás. Al leer dicho documento podemos inferir que no solo se quiere frenar la “inmigración ilegal” sino la inmigración a secas.
Considero dos premisas erradas: primero, la libre autodeterminación de las personas no es un neuro derecho más, sino el más relevante y trascendente, madre de todos los demás; y, segundo, no se trata de una amenaza futura, parecida a las películas de ficción, sino de una realidad globalmente en curso, hace años ya, como modelo exitoso de negocios y servicios de manejo de audiencias.
Los organismos electorales peruanos: Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de un comunicado institucional, señalaron que se presenta una imposibilidad material para llevar a cabo las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
Se examina el contexto de surgimiento de la teoría del poder constituyente y su progresivo anacronismo, a partir de la superación de las fundamentaciones teológicas y filosóficas del poder en sociedades regidas por instituciones democráticas y deliberativas. En tal sentido, con base en la teoría de la elección pública, se plantea que la Convención Constitucional no opera como una entidad con vida propia llamada “poder constituyente” originario, soberano, sino como una agrupación de individuos concretos, con intereses, visiones, compromisos, sesgos y fines propios, legitimados por el voto popular solo para la redacción de un posible nuevo texto constitucional.
Este decreto tiene vicios de inconstitucionalidad porque otorga a los jefes de la defensa nacional atribuciones que no están contempladas de forma específica en el artículo 42 de la Constitución Política de la República y porque se justifica esta concesión haciendo un reenvío a una norma legal cuya aplicación resulta incompatible con el articulado actual de la Carta Fundamental.
Esta definición contiene algunos elementos clave, tales como el concepto de necesidades de las personas, de inclusión social respecto de la satisfacción de necesidades, y la idea de las limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología y la organización social sobre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Sólo un análisis muy parcial entendería que obtenida una autorización de tratamiento –amplísima, como se configura en Chile- el responsable tiene carta blanca para hacer cualquier cosa con la información nominativa, porque desde el año 2018 está en juego un Derecho Fundamental.
Con frecuencia se confunden las presunciones establecidas en diversas normas para la adquisición de inmuebles por la mujer casada en sociedad conyugal, cobrando importancia la calificación notarial y registral de los títulos para su correcto acceso al registro.
Se proponen lineamientos para la configuración de la Justicia Administrativa en la futura Constitución chilena, en lo referente a la tutela judicial efectiva y plenitud del control jurisdiccional sobre todas las manifestaciones de la actividad de la Administración Pública. Se sugiere la reafirmación de la primera al igual que la consagración expresa de la segunda.
La fórmula legal presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incorpora siete propuestas destinadas a garantizar el derecho de sufragio y el derecho a la salud de los peruanos y peruanas que, en el marco de la lucha contra la COVID-19, concurriremos a las urnas el domingo 02 de octubre de 2022 para elegir a nuestras autoridades subnacionales.
El Congreso, al conocer y resolver sobre una acusación constitucional, ejerce una facultad jurisdiccional que debe cumplir con los estándares internacionales de los derechos humanos, pero la naturaleza del control que ejerce es tanto político como jurídico, entendiéndose como otro órgano más a cargo de la interpretación constitucional.
Me atrevo a postular que, en cuanto al fondo, el impacto y los altos estándares en materia de derechos humanos, son comunes entre la propuesta de la Comisión y la indicación única de los convencionales indígenas.
Lo cierto es que en la Constitución chilena vigente no se contempla ninguna mención expresa al derecho a la herencia, si bien se garantiza el derecho a la propiedad (art. 19 N°24).
La Corte IDH no considera que la existencia de organizaciones que regulen el ejercicio de una profesión sean contrarias a la CADH, pero sí es fundamental analizar al aplicar medidas como la colegiación obligatoria que en la práctica no se atente o limite excesivamente el ejercicio de otro derecho fundamental.
