Cualquiera puede imaginar las funestas consecuencias que podría traer la insólita declaración de nulidad de la Ley de Pesca, la que arrastraría la invalidación de todas las concesiones, contratos y convenios internacionales celebrados durante su vigencia.
Si bajo el imperio de la Ley de Pesca se han consolidado situaciones o relaciones jurídicas o han surgido derechos adquiridos de buena fe, bien podría comprometerse la responsabilidad patrimonial del Estado.
Mi opinión es que resulta inconstitucional decretar orden de arresto por el no pago de una deuda por concepto de compensación económica.
La ciudadanía española ha dado su veredicto, por lo que será muy difícil que las alianzas para conformar gobierno, ignoren esta realidad y sus motivaciones más profundas.
Chile actualmente es una república con separación entre la Iglesia y el Estado, pero no es una república laica.
La regulación que actualmente nos ofrece el derecho administrativo en lo relativo a la función pública, adolece de una serie de aspectos críticos que es necesario mejorar,piénsese en los excesivos empleos a contrata con cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.
Todo indica, en suma, que quienes promueven una nueva Constitución deberían al menos reflexionar sobre su aproximación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Debemos actuar sin dilaciones y contrarrestar eficazmente este triángulo de la discordia de consecuencias impredecibles.
El proyecto es confuso en sus objetivos y en caso de concretarse resultaría extraordinariamente difícil de interpretar sin incurrir en una abierta inconstitucionalidad.
Resulta cuestionable el criterio de endosar al actor de divorcio la obligación de probar una excepción de su contraparte, ya que la ley en caso alguno le impone dicha carga.
Hay problemas que deberían zanjarse en un acuerdo internacional con la Santa Sede, por ejemplo en materia de matrimonio religioso o reforma del servicio religioso de las Fuerzas Armadas.
El año 2015 será recordado no sólo como el año de la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia la clase política chilena, sino también como el año de las grandes catástrofes y desastres naturales a lo largo del territorio nacional.
Deberemos examinar el objeto del juicio y analizar sus implicancias, una a una, en la Contramemoria chilena. Desmentir las afirmaciones históricas bolivianas, que la Corte acogió al no contar con las nuestras.
Resultaría enriquecedor entonces detenerse un momento en los argumentos que se dan en el actual debate del aborto y preguntarse si acaso con algunos de ellos no estaremos dejando en letra muerta algunos compromisos internacionales.
La técnica legislativa usada para resolver el problema es desafortunada y además el diseño mismo de la propuesta genera importantes objeciones en cuanto a su constitucionalidad.
