Sabiendo que apenas 13 Estados -en un mundo integrado por 207 Estados- cuentan con una Ley de matrimonio igualitario, nadie puede asegurar que ésta sea una auténtica “Institución” universal.

Esta ley, no entiende la realidad de los videojuegos en el Chile de hoy, se legisla por personas que en su mayoría no conocen la realidad de aquellos a los que está regulando.

Hay códigos que exigen que estos estados pasionales tengan lugar por estímulos tan poderosos como si se produjeran “naturalmente”. Así lo exige el caso chileno.

La sustitución de las indemnizaciones a una tarifa máxima, fijada por gravedad y no por daño, es, en esencia, una punición.

Ejercer el poder de manera clara, sin importar cuánto incide en las Grandes Potencias, ha constituido uno de sus pilares fundamentales de su política hacia el mundo.

¿Qué necesidad tenemos de que alguien administre los fondos (dinero) que provienen del patrimonio del trabajador? Y en esa dinámica, ¿qué sistema podemos aplicar al caso chileno?

A nivel interno de los EEUU, 37 Estados y unas 400 ciudades tienen regulaciones propias para impulsar las energías renovables y con metas de reducción de emisiones, por lo que la salida del Acuerdo de París podría no tener efectos tan adversos.

Podemos decir que en virtud de la solidaridad un acreedor puede cobrarle la integridad de la deuda a cualquiera de los deudores.

Un claro ejemplo de los problemas interpretativos en la calificación de servicios mínimos tiene lugar en los establecimientos educacionales particulares. No hay certeza si los colegios pueden recibir o no a los estudiantes en periodo de huelga, en su deber de custodia de los menores.

Sobre la necesidad de abandonar la opinión tradicional a la luz de la futura nueva ley de entrevistas videograbadas.

Entender que la restricción a la reelección popular de ciertos cargos públicos es per se contrario al derecho internacional de los derechos humanos, puede atentar gravemente contra otros bienes jurídicos que, legítimamente, encuentran asidero y deben ser resguardados en un régimen democrático y constitucional de derecho.

Es posible que se requiera de una nueva fisonomía institucional pero, que sea consecuencia necesaria de una nueva política pública sobre la materia y no de una cambio apenas cosmético.

La sociedad aboga por la libertad a ultranza, en un plano, pero acrecienta exponencialmente los mecanismos de control generales, en otro.

Sería importante retomar esta preocupación, ya que Chile sigue siendo uno de los pocos países de la región que no cuenta con Juzgados de Ejecución de Penas o de Garantías Penitenciarias.

No puede considerarse el carácter derogatorio, ni menos estimar que el concepto constitucional de conciencia no tiene un nomen iuris de la libertad de conciencia, sino que, nuestra Carta Fundamental, alude a la libertad ideológica y religiosa.