Si bien las funas pueden realizarse posteriormente a una declaración judicial, sea que se establezca la inocencia o culpabilidad del funado, los efectos más perniciosos de estas se producen cuando no ha mediado pronunciamiento de un tribunal.
El problema se traduce en determinar si tal o cual disposición del reglamento de copropiedad es ilegal, contradictoria, no corresponde a la realidad del condominio o es «manifiestamente» arbitraria; disposición que puede estar relacionada tanto con las unidades como con los bienes de dominio común.
La vanidad no enaltece al gobernante, lo conduce a un ego sin precedentes vacío de realidad social y sin visión que la merezca así haya hecho obras relevantes para el país.
Un encuentro inimaginable hasta hace unos meses, entre enemigos tradicionales que se amenazaban, con años de hostilidad recíproca, y que arriesgaban en cualquier instante una nueva guerra, de impredecibles consecuencias.
Se evidencia un retroceso puntual en la interpretación procesal de la norma, dado que el tribunal no previó el perjuicio generado al afectado, cuando se le exige garantizar la igualdad de partes, lo que deberá ser subsanado a través del recurso procesal pertinente.
Trump quiere anotar un triunfo en materia internacional para revertir el complejo escenario que enfrenta puertas adentro, con la pérdida de apoyo de importantes figuras del partido republicano, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso.
La Comisión estimó necesario profundizar los programas de familias de acogida, bajo la lógica que, frente a episodios de vulneración reiterada en los derechos de un menor, lo primero que se debe restaurar es precisamente el entorno familiar.
La preocupación que surge para la democracia parlamentaria en España y la UE, es si este procedimiento de responsabilidad política va a tener la capacidad suficiente de dar un salto cualitativo respecto de la administración de Gobierno cesante, desde que el ordenamiento europeo la incorpora a la UE.
Confiamos que el Grupo de Lima consiga el objetivo de sumar los votos necesarios, a partir de la reafirmación de que la protección de los derechos humanos y las acciones humanitarias no constituyen una intromisión en los asuntos internos de los Estados, sino, por el contrario, son una facultad y más que eso, una obligación de la comunidad internacional organizada.
Lo que Marx criticaba en la sociedad burguesa de su tiempo en cuanto a la proliferación de derechos que exaltan el egoísmo individualista, sigue vigente, sino agudizado.
El Tribunal Constitucional incurre en la aberración jurídica de servir incondicionalmente al Ejecutivo; continúa en la arena del grave desconocimiento de la Constitución, ingresa en una probable ruptura del orden constitucional, se arroga la interpretación auténtica del artículo 23 de la CADH que le corresponde a la Corte IDH.
Los hechos que motivaron este pronunciamiento de la CS fueron grabaciones que se obtuvieron, por parte de trabajadores descolgados de un proceso de huelga que buscaban obtener respuestas sobre su situación laboral, en el contexto de una reunión realizada en las dependencias de una empresa.
Los postulantes a cada uno de los cargos debieran cumplir con estrictos requisitos legales y someterse a evaluaciones que midan sus aptitudes sicológicas y profesionales para servirlos.
Un Tribunal macizo intelectual y jurídicamente gozará siempre de un mayor blindaje frente a las críticas alimentadas por los conflictos político-coyunturales.
Esta dimensión colectiva de los derechos humanos, asociada al bien común, es la que parece ignorar el Tribunal Constitucional cuando declara la inconstitucionalidad del artículo 63 que prohibía la participación de un contralor lucrativo en una institución educacional.
