Si observamos los procesos constituyentes que dieron lugar a las constituciones de 1833 y 1925, podemos constatar cómo el sistema de gobierno fue un punto focal de dichas discusiones, como exponen Bertelsen, Brahm y Amunpategui “La misma Constitución de 1833 favorecía ese contrapunto, desde el momento en que ella contenía ciertos elementos equívocos…” y continúan “La disputa en torno al régimen de gobierno es el punto central en la discusión de la Constitución de 1925”.

Ahora comienza el segundo tiempo de la Convención Constitucional, mandatada al efecto por el pueblo mediante un plebiscito en carácter de poder constituyente. Es de esperar que así podamos dejar atrás no solo la violencia, sino que, y especialmente, esa división existencial entre los unos y los otros cuya fractura ha recorrido el país.

En general la autonomía constitucional aleja, en razón de su relevancia, a ciertos órganos del quehacer político. Se espera así que con ella, orgánica y funcionalmente, determinadas entidades trasciendan en el tiempo y cuenten con la suficiente robustez para garantizar la necesaria estabilidad institucional, propia por lo demás de todo Estado de Derecho.

El presente comentario se efectuará con las siguientes dos prevenciones: en primer lugar, se enfocará desde la perspectiva del derecho constitucional y administrativo, y no propiamente de desde la óptica del derecho procesal penal, aunque lógicamente, el primer aspecto tiene estrecha y evidente relación con éste. El segundo alcance consiste en que, si bien se trata de encuadrar las entidades en categorías más o menos precisas, siempre es preferible el formato que facilite el cumplimiento de las funciones encargadas a dicha entidad.

Corresponde recordar que las ERM 2022 constituyen un proceso electoral de calendario fijo. Es decir, se trata de una elección cuya fecha de realización se encuentra expresamente señalada en la legislación. Así, este tipo de comicios se realizan el primer domingo del mes de octubre del año en que finaliza el mandato de las autoridades regionales y municipales.

Comunistas, socialistas y radicales, que formaban el Frente de Acción Popular (FRAP),  nos ayudaron a difundir el saneamiento de las viviendas a bajo costo, la eliminación de los parásitos,  la preparación  de alimentos baratos y nutritivos y el mejoramiento del barrio;  todo con la ayuda de los estudiantes de todas las escuelas y de los organismos de la universidad.

Por de pronto, los adultos mayores son hoy autovalentes y por lo tanto no tiene cabida en la casuística de incapacidades legales regulada en el artículo 1447 del Código Civil chileno; ni como incapaces absolutos, ni como incapaces relativos, ni como especiales. Entonces, atendamos primero a saber qué se entiende por lucidez, para luego preguntarnos si es posible al notario exigir un documento que acredite tal condición o situación para que los efectos del acto final que debe autorizar produzcan no sólo los resultados esperados por las partes, sino que aquellos que demanda el sistema jurídico en su completitud.

El Estado Constitucional de Derecho es la construcción intelectual de los juristas, el cual fue acuñado como una necesidad de establecer contenidos de coherencia en razón a la validez de los derechos fundamentales, el cual es manifiestamente una teoría dominante en busca de fortalecer los derechos, deberes, principios, libertades y garantías constitucionales. Oponiéndose a cualquier manifestación contraria a la autoridad del Derecho.

Cuando se habla de celeridad legislativa, entonces, como argumento para defender al unicameralismo, la primera cuestión que surge es si puede establecerse una regla predictiva o relación directa entre dicho sistema y la mayor rapidez en la tramitación de una ley. Para dar por cierta esa afirmación, habría que demostrar que siempre -o al menos, en la mayoría de los casos-, un sistema unicameral es más rápido que uno bicameral en la formación de la ley, lo que, como ya se anunció, en la práctica no ocurre, porque los resultados son siempre relativos.

Existen muchas razones para aplaudir como se ha estructurado en tan poco tiempo un sistema de participación inclusivo y transparente. Tendremos que lamentarnos, sin embargo, de los acotados plazos para el despliegue de mecanismos complejos que requieren de una amplísima difusión y de un financiamiento adecuado para que sean realmente incidentes. Especialmente, debe lamentarse el hecho de que la Convención no haya tenido éxito en la difusión de las iniciativas populares de norma, acaso el mecanismo más relevante en cuanto a su vinculatoriedad y capacidad de incidencia.

El rol rol opositor se ejercerá en una compleja realidad puesto que no se trata de “oponerse” a un Gobierno de centro izquierda como ha ocurrido en el pasado reciente, sino a un Gobierno, que conducido por una persona inexperta y que se ha mostrado contradictoria, alberga en su interior como verbos rectores al Partido Comunista que abriga la esperanza de establecer en nuestro país una “sociedad comunista”, a sectores extremos del Frente Amplio.

Valga señalar que la organización administrativa del Estado chileno ha pasado por diversos procesos de modernización. Sin duda que, en el estado actual del avance científico y tecnológico, una de las más acuciantes tareas dice relación precisamente con la necesidad de estructurar un conjunto orgánico conteste con esa evolución tecnológica.

En relación con dicho proyecto de ley, considero que se puede mejorar con algunos cambios, que señaló el Centro de Estudios Constitucionales (CECOCH) al Senado en un informe en el cual tuve la oportunidad de participar, proponiendo exigir para la aplicación de la amnistía el cumplimiento de ciertos requisitos conforme lo resuelva el Tribunal, que den cuenta de la prisión política.

El origen del pronunciamiento, es una consulta realizada por la I Contraloría Regional Metropolitana en cuanto a la posibilidad de que las corporaciones municipales queden sometidas a dichos cuerpos normativos, atendido las funciones eminentemente públicas que desarrollarían, sumado a la finalidad de atender las crecientes exigencias en materia de transparencia e integridad en el ejercicio de la función pública; precaver conductas contrarias a la probidad administrativa, y resguardar debidamente los recursos públicos.