No creo que exista otro profesional más en tela de juicio que los médicos, cualquier decisión que se tome al respecto por el profesional podría dar origen a una responsabilidad del mismo, en la eventualidad de cumplirse con los parámetros legales para configurarse esta responsabilidad.
La utilización de insultos o palabras poco adecuadas para tratarse entre ellos, la incitación al odio y desórdenes públicos, la realización de pasos de bailes o «performance» de programas animados en el hemiciclo, la presentación de mociones parlamentarias inconstitucionales o la inasistencia injustificada a las sesiones de sala y comisiones por encontrarse como panelistas en programas de televisión (matinales), son algunos ejemplos.
Llosa destaca que Borges no era un escritor prisionero por los barrotes de una tradición nacional, como puede serlo a menudo el escritor europeo, y eso facilitaba sus desplazamientos por el espacio cultural, en el que se movía con desenvoltura gracias a las muchas lenguas que dominaba.
El itinerario del plan de desconfinamiento nada dice sobre el estado de excepción constitucional de catástrofe, por lo que resulta necesario recordar la provisionalidad o temporalidad de los regímenes de excepción
Esta nota es parte de un estudio sobre los derechos del contribuyente, donde habiéndose advertido, un importante movimiento normativo, tanto, incorporando artículos, como sancionando leyes, es interesante apreciar, desde una perspectiva constitucional convencional, estas disposiciones y analizar si son suficiente. Esta primera nota indica que una regulación legal es más acorde.
La incorporación de la rama del «derecho constitucional bioético internacional» constituirá una renovación inclusiva desde la bioética/bioseguridad que reúna a los países miembros de la ONU y de la OEA, posibilitando mejores resultados a los casos sobrevinientes. La creación de comités de bioética nacionales y en la OEA/ONU coadyuvará notoriamente.
El proyecto no agrega ni quita nada de lo dispuesto en el artículo 19 Nº18 que reconoce el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, para afirmar la validez de la disposición transitoria constitucional, se debe tener en consideración la regla general en materia de reforma constitucional y la práctica del Congreso Nacional.
En el caso de la pandemia que hoy vivimos las posibilidades de daño como consecuencias de la propagación de noticias falsas puede muy intenso. El gran riesgo es que cualquier falsedad que gane fuerza puede anular la importancia de un conjunto de hechos verdaderos.
Ciertamente una reforma constitucional, vía normas permanentes o transitorias, puede incidir en más de un capítulo de la CPR, en cuyo caso habrá que estarse al contenido o materia de la misma para determinar su quórum, y no al continente por el cual se expresa.
La reforma constitucional propuesta afecta directamente al derecho a la seguridad social y el derecho a la propiedad (19 nros. 18 y 24) de aquellos cotizantes que no están de acuerdo con esta modificación ni piensan utilizarla, pero que se verán inevitablemente afectados en la propiedad y valor de sus fondos.
Una ola de ira no contenida, incluso en países sin prácticas segregacionistas, se expandió por algunas semanas. Ha mermado, pero sigue latente.
Lo primero que hay que decir, es que un partido político no puede afectar la libertad de opinión de sus militantes por el solo hecho de tener un pensamiento distinto al de la colectividad.
El blindaje jurídico de la FEA se mueve en el contexto del Derecho Público, del orden público económico y de los contratos dirigidos, lo que significa que nada se modifica sino por ley, a pesar de que resulte novedoso, modernista o «refundacional» hacerlo.
Son beneficiarios al SIL todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado -dependientes o independientes- que se encuentren acogidos a algún sistema previsional. Sin embargo, existen varias diferencias entre un sector y otro en cuanto al tratamiento de las licencias.
Uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho, que se precie de tal, es la Independencia Judicial garantizada por la Constitución, que reconoce y garantiza el citado principio, pero también la forma como el ciudadano interpreta el accionar de los tribunales para la mantención del sistema democrático imperante.
