El principio de legalidad penal no debe ser superado ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, como es la epidemia de COVID, menos todavía cuando los tribunales intentan darle artificialmente el carácter de instrumento público a los certificados de Comisaría Virtual.

No cabe duda que las playas son bienes nacionales de uso público, si el propio Código Civil las menciona como ejemplo de esa clase de bienes, es decir, aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y su uso pertenece a todos los habitantes de esta. Entonces, se puede señalar -también sin ninguna duda-, que cualquier habitante de la República, sin distinción de ningún tipo, incluyendo chilenos y extranjeros, pueden hacer uso de las playas.  Pero otra cosa muy distinta, es el acceso a las playas, pues no está garantizado por el legislador, sino solo a las personas que ejercen determinadas actividades.

Antes de crear un servicio como el que se propone, debemos preguntarnos si podemos prescindir del conservador de bienes raíces en esta labor y si tenemos un censo descriptivo o estadístico gráfico de los inmuebles urbanos y rurales que determine nuestra propiedad territorial y en el que figuren todos los inmuebles (Catastro). Este banco es imprescindible para la gestión del Registro de la Propiedad que realiza el conservador.

La defensa nacional se ha visto emplazada con las ultimas actuaciones de la Convención Constitucional, amenazada y puesta en duda para la conformación del proyecto constitucional que será sometido a plebiscito de salida para su aprobación o rechazo. Se han planteado ideas que aterrizan a la realidad nacional, como también algunas que bordean la ciencia ficción y, que presentan alboradas de una destrucción institucional jamás antes pensada de organismos bicentenarios, con una historia, orgánica y una incalculable inversión nacional. ¿La incertidumbre institucional y sus futuras vertientes amenazarán a la soberanía, la seguridad nacional y su defensa?, pregunta esencial para el desarrollo de esta columna.

Lo nuestro será desmenuzar el merito jurídico de las sentencias relacionadas con la propiedad privada de la Corte Suprema, haciendo un esfuerzo por no ensuciar el comentario con las consideraciones políticas y teológicas tanto de este autor, como tampoco de los jueces autores del fallo. Ni la mente más ingenua podría dudar de que fallaremos en esto último.

Se plantea la creación de un órgano que efectúe las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial. Se mira a modelos como el de Argentina, Italia o Colombia y a tal órgano se lo denomina Consejo de la Magistratura, de la Judicatura o rótulos similares. Lo reconozco, tiempo atrás fui un entusiasta de esta idea. Hasta que observé los resultados que en la práctica ocasionaban. En la mayoría de los sistemas mencionados esta institución ha incrementado la politización de la judicatura en lugar de suprimirla. Un remedio peor que la enfermedad.

Pareciera ser que nos encontramos frente a una mezcla, no solo de sistemas jurisdiccionales y de resoluciones alternas de conflictos, sino de conceptos e instituciones que pretenden abarcar un ámbito no desarrollado en nuestro sistema procesal y al cual tampoco la doctrina ni la jurisprudencia ha dado un marco de referencia, menos aún el sistema normativo.

Al interior de las comisiones de la Convención se redactan y aprueban las normas que harán posible el objetivo propuesto, y para ello: desintegrar la unidad y el territorio nacional, reemplazar el régimen republicano de Gobierno, abolir libertades ciudadanas, construir una sociedad estatizada, asegurar el ejercicio del poder político para los sectores extremos, e incluso negar nuestra historia para levantar una nueva, aunque contradiga la verdad.

La protección norteamericana se aprecia debilitada, luego de Afganistán. Centrada en temas internos y un Biden considerado vacilante y débil, que por nada, contemplaría acciones militares masivas en el este europeo. Sólo previendo más sanciones comerciales o bancarias, que serían perjudiciales para Rusia, aunque no lograren afectar gravemente a su seguridad ni hacer tambalear a Putin, dispuesto a resistirlas sin transar.

La causa ROL 1062-2022 de la CS tiene su origen en la causa ROL 39.740- 2020 de la Corte de Apelaciones. Respecto de ésta última, la Corte califica la controversia jurídica sobre el derecho de propiedad como un conflicto social, lo cual parece fuera de lugar, por cuanto constituye una calificación valórica respecto de la situación que es ajena a lo estrictamente jurídico. Esto podría constituir un caso de activismo judicial. En segundo lugar, y sin perjuicio que, efectivamente la inscripción conservatoria no es prueba de dominio, si es prueba de posesión, que de hecho es la calidad que invoca el recurrente. La sentencia de la CS no resolvió el asunto.

Conforme a las decisiones de la Corte, Chile tiene una judicatura militar cuya orgánica carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, de las garantías del debido proceso y que mantiene una competencia excesiva, en la que los tribunales militares en tiempo de paz conocen de causas que exceden la competencia estricta y de función que corresponde a estos tribunales especiales.

Siguiendo en parte lo indicado por Eduardo Novoa Monreal, es claro que el ordenamiento jurídico de alguna forma es la expresión de las condiciones sociales que sustenta; siendo lo socialmente imperante determinado formalmente por el Derecho Positivo(1); al respecto, la propiedad no escapa de aquello en Chile, la cual tiene un acervo radicalizado sobre este derecho, fenómeno propio de los Estados liberales y de la sociedad capitalista.

El declarado “Estado de Bienestar” se conecta también con el ejercicio mismo de las libertades ciudadanas como las de emprendimiento, asociatividad, comercio y consumo y al derecho de cada persona a forjarse un mejor pasar para ellos y sus familias, y progresar hasta donde quieran y puedan llegar, aunque otros vayan más atrás.

Por mucho tiempo la aplicación de la consulta indígena en el régimen concesional minero ha sido un tema resistido tanto por la judicatura como por el Estado. Ad portas de una nueva Constitución, parece ser el momento de discutir con profundidad la aplicación de ésta en el régimen concesional minero, lo que podría significar, entre otras cosas, el fin del orden público económico minero tal como fue teorizado en su tiempo.

La modificación del artículo 40 de la Ley sigue el derrotero del artículo 39 de la misma, cuya constitucionalidad, además, nadie ha cuestionado. Por tanto, no resulta cierto afirmar -como algunos sectores han señalado- que la Autógrafa de la Ley viola el derecho al referéndum de los ciudadanos.