Debemos tener presente que la aplicación de estos procedimientos sobre neurotecnologías deben estar sometidos a las disposiciones de la ley Nº 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, en el entendido que su aplicación se hará principalmente a través de acciones vinculadas con la protección de la salud.
A mi juicio debiera estar ex-ante como un aporte del Congreso, un anteproyecto de Reglamento, de manera que la Convención pueda con rapidez discutir y aprobar el Reglamento por los ⅔, evitando quedar empantanada en cuestiones adjetivas.
La pandemia nos ha demostrado que, la resistencia al cambio a cedido frente a la necesidad de dotar a los tribunales de herramientas tecnológicas, que permitan a los usuarios acceder al servicio de justicia sin barreras, por ello las Tics y la oralidad serán los instrumentos tecnológicos y procesales que podrán sobrevivir a la pandemia, con una adecuada nota sobre sus positivos efectos sobre la eficiencia de los sistemas judiciales.
El pasado 30 de septiembre, en la ciudad de Los Ángeles tuvo lugar un fenómeno que quizá pasó desapercibido para el resto del país. Se suscribió la escritura pública de constitución de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío.
En manos de líderes negativos se decide o decidirá el futuro de Chile.
Esta ausencia de ideas de fondo, es acompañada por un desfile de politólogos y expertos constitucionalistas que, o se han detenido en cuestiones de carácter procedimental –lo que es muy relevante- o de modo premeditado, han referido y restringido lo que está puesto en juego en el plebiscito a la metáfora de “la hoja en blanco”.
El oponerse a Trump, es igualmente lo esperable, pues pocas figuras internacionales, han sido tan descalificadas por quienes opinen sobre Estados Unidos. En contraposición, ensalzan a Baiden, su contendor, aunque se muestre vacilante, propenso a equivocarse, y más frágil.
Se gastaron miles de millones de pesos en la instalación y publicidad de dichos cabildos, a costa de las arcas fiscales, pertenecientes a todos los chilenos y, en definitiva, fuera de haberse convertido aquello en un desastre económico, también resultó ser un rotundo fracaso político, dado que concurrió a tales cabildos un escaso número de ciudadanos.
En Chile, actualmente no existe una regulación específica y detallada para los bienes digitales, por lo que es procedente analizar si la normativa actual logra incorporar o establecer a esta clase de bienes desde una perspectiva comercial.
Hoy en el mundo existen nueve países que tienen la condición de actores militares nucleares: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China, Israel, India, Paquistán y Corea del Norte. De estos, seis son parte del Indo-Pacífico, y de ellos cuatro tiene costas en el Océano-Pacífico.
El capítulo XV de la Constitución Política de la República, en relación al Reglamento de la Convención, solo hace referencia al quórum con el cual el órgano deberá aprobar su propio Reglamento (dos tercios de sus miembros en ejercicio), pero no se pronuncia respecto al contenido del mismo, ni tampoco sobre el tiempo que tendrá el órgano constituyente para redactarlo.
Como consta en las Actas de la reforma constitucional se hizo ex profeso al debatirse el punto, y fue una omisión relevante, el optarse por no mencionar ni incluir junto a la «protección de datos personales» la referencia a los Derechos ARCO que también consagra el artículo 12 de la ley 19.628.
Todos nuestros textos constitucionales incluyendo los reglamentos que han regido la vida republicana, han sido redactadas por una elite, ya sea política, económica o intelectual, pero jamás se ha consultado a los ciudadanos por dicho cambio, y así tampoco se ha considerado su participación.
La única diferencia palpable entre estos promotores de cambios en los dos países es que, en Venezuela la intolerancia y el odio contra quien piense distinto no se transmitió de generación en generación sino que, llegó con el socialismo.
La evaluación de desempeño de los/a jueces/zas de policía local por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, contribuyen a resguardar la independencia de éstos/a, ya que limita, en este sentido, la participación del alcalde o la alcaldesa en la calificación definitiva que recibirá el/a juez/a.
