Aunque el Proyecto planteaba la existencia de un riesgo para la vida de las personas y que no debería eliminarse la medida, en la práctica Carabineros de Chile nunca lo implementó y se terminó con el uso de fotorradares en nuestro país.
A partir de la reflexión constitucional que se ha generado con el proceso constituyente, se logra identificar que la actual Carta Fundamental que reconoce derechos y organiza el poder, no es suficiente para afrontar los desafíos que impone la sociedad chilena.
Sería deseable que se incorporara una norma un poco más amplia, de manera de efectuar dicha forma de notificación no sólo a peritos y martilleros, sino también extenderla a toda comunicación a organismos públicos, tal cual están procediendo, en la actualidad, algunos Juzgados de Policía Local.
Existen más de un centenar de testimonios de estudiantes que no pueden acceder a sus clase producto de problemas de conexión. Si bien algunos padres se organizan con los profesores para recoger físicamente las guías de trabajo estos estudiantes siguen estando en una profunda desventaja en relación a sus otros compañeros.
El proceso constituyente es la oportunidad de definir, en una representación significativa y con participación activa de los pueblos indígenas, los aspectos centrales de las demandas territoriales pendientes y procurar construir un camino que avance en el marco de nuevas relaciones del Estado con los pueblos indígenas.
Si en algún momento el poder constituyente recayó en una persona, hoy no cabe duda que la titularidad del mismo está radicada en el pueblo, estableciéndose -incluso- como una de sus limitaciones la imposibilidad de ser traspasado a un individuo o a un grupo de personas.
Si bien el plebiscito de salida puede contribuir a que la nueva Constitución sea aceptada en general por la sociedad, sin embargo, a dicho plebiscito (y en definitiva a la ciudadanía) no le corresponde resolver las incoherencias y vacíos del texto constitucional resultante.
Analizaremos en el presente artículo, cuál ha sido el tratamiento que ha recibido el delito de negacionismo por parte del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Federal Constitucional de Alemania, con el objeto de aportar recomendaciones y críticas al proyecto de ley tramitado en Chile sobre esta materia.
La brecha histórica de representación de los pueblos indígenas en el sistema político es una de las tantas deudas que debe resolver el Estado chileno y que debe ser resuelta.
Llama la atención que desde hace años se vengan presentando proyectos de ley que no han podido terminar por instaurar un órgano que cumpla una función protectora de derechos y obligaciones, siendo que existe un relativo consenso de la necesidad de contar con una institución como ésta.
En nuestra actual tradición jurídico-formativa no existen desafíos mayores para la utilización de aulas virtuales ni los métodos de éstas. Se trata, después de todo, de una carrera tradicionalmente caracterizada como «de tiza y pizarrón» en que se ha puesto históricamente un fuerte enfoque en la enseñanza, siendo la clase expositiva la principal estrategia metodológica y colocando al docente como el protagonista del proceso.
Como estamos en presencia de una Carta Fundamental legítima, considero necesario tener presente que la estabilidad constitucional es beneficiosa para las naciones.
Hace 47 años atrás agentes externos generaron una debacle nacional quitándonos la democracia, no es de extrañar que ante lo que ellos entienden como una “nueva amenaza” quieran hacerlo de nuevo, aunque de manera menos dramática no así menos efectiva.
Hoy, la candidata surcoreana, enfrenta desafíos mayores, planteando soluciones globales frente a una crisis económica que esta ad-portas de convertirse en sistémica.
La particularidad de las investigaciones de los Profesores Milgrom y Wilson dice relación con el perfeccionamiento de la denominada “teoría de las subastas”, la que a través de estos destacados investigadores optimiza un mercado más eficiente para compradores y vendedores, lo que ha permitido maximizar v.g. los ingresos de las arcas públicas en los sectores eléctrico, petrolífero o de telecomunicaciones, en EE.UU.
