Debido proceso, tutela, función y orgánica jurisdiccional son instituciones que con toda seguridad la nueva constitución contendrá. Asimismo, procedimientos constitucionales, regulación específica de determinados procedimientos ordinarios y organismos administrativos que actúan en el proceso, son otro tanto que seguro tendrá su lugar.
Lamentablemente, tanto los entes fiscalizadores a nivel administrativo, como los tribunales llamados a conocer de estos asuntos, son poco proclives a dar aplicación a las normas de la teoría general de la prueba, atribuyendo a las normas tributarias, que consideran especialísimas, una naturaleza jurídica propia que éstas no poseen, haciendo parecer que se regulan por un estatuto jurídico especial al que no serían aplicables las normas generales del derecho.
Otra de las cuestiones que posibilita el sistema de proporcionalidad es el hecho que resulten electos candidatos con una baja cantidad de votos de su Distrito o Circunscripción, siendo en definitiva, elegidos por “arrastre” (término utilizado en materia electoral), debido a la cantidad de votos que suma la lista respectiva.
La modificación directa que plantea el proyecto es de régimen permanente, que faculta a las partes para solicitar comparecer por vía remota mediante videoconferencia.
El argumento que alude a la “fe popular”, si no falaz, no tiene sustento suficiente para imponerse al derecho de los Pueblos Indígenas a la participación política en el proceso constituyente y, en especial, al deber democrático que concierne a toda la sociedad chilena de inclusión en general –de género, independientes y Pueblos Indígenas− que el llamado “Acuerdo por la Paz” marginó en noviembre de 2020.
En cuanto a la protección de este número identificatorio, hay que señalar que, al tratarse de un dato personal, está protegido y amparado por la Ley N° 19.628, la cual contempla mecanismos establecidos en favor de titulares de datos que se sientan afectados, en cuanto estimen que exista un uso incorrecto de los mismos.
El primer reto para el presidente electo será reducir el nivel de polarización política que generó este proceso electoral y resolver la crisis provocada por la COVID-19.
Aunque a todas luces alguien pareciera el villano, debe ser tratado como inocente y la Justicia no puede condenar en tiempo récord para re encantar a los fans, porque podría cometer algo peor que el cirujano que amputa una pierna por mala praxis
Sería ineficaz e ineficiente que todo el alcance de la labor de la Asamblea o de la Comisión fuese realizada por todos los miembros, por lo que lo normal es que la CC se divida en comités especializados y establezca una función directiva que supervise a la CC.
Una función administrativa se plantea en la resolución de conflictos, en que el Estado se encuentra obligado a brindar protección a bienes jurídicos, que sólo afectan un interés general, es decir, que sólo brindan una protección mediata o refleja del individuo. Para ello, el legislador puede, o bien limitar la libertad de un individuo (ej. requisitos sanitarios); o bien otorgar al particular un poder jurídico para exigir una conducta positiva del Estado, sin limitar la libertad de otro individuo (ej. prestaciones directas de derecho social o deberes de protección).
Si la ciudadanía quiere redactar el nuevo texto, la clase política en general, y los partidos políticos en particular, debiesen facilitar la participación de ciudadanos independientes.
La gran virtud del sistema se resume en la siguiente premisa: Un grupo más reducido de personas, escogidos por el pueblo, son capaces de deliberar de manera más prudente las cualidades del candidato a elegir, más que la masa general de la población, evitando el desorden y el tumulto.
Los cambios que se propongan al contenido parlamentario de la nueva Constitución, serán vitales para que los ciudadanos vuelvan a tener confianzas en el Poder Legislativo y los acuerdos que se den en dichas materias serán claves para la estabilidad política de Chile en las próximas décadas. Ello será el gran anhelo de los chilenos
Como sociedad, no sólo debemos rechazar la violencia, sino que apuntar hacia políticas de prevención de la violencia, educando y no sólo ocupando el derecho penal para tratar de frenar los delitos.
Los tratados no son redactados por los legisladores nacionales, sino por los representantes acreditados por los Estados interesados. Son co-legisladores con capacidad restringida, complementaria. No así en las leyes, que la ejercen en plenitud.
