En el tablero de juegos mundiales, la minúscula bacteria ha trastocado todo, y a veces, de manera definitiva. Se ha debido confrontar lo desconocido, improvisar, errar, acertar, o aplicar medidas correctivas, también a ciegas, mientras la población exige resultados inmediatos y definitivos.
Doctrinas modernas descartan la Nacionalidad, basándose principalmente en que existen personas apátridas, aquellas que no son reconocidas por ningún país como ciudadanos o ciudadanas. Lamentablemente este es un hecho real, donde la ciencia jurídica avanza lentamente.
Como se puede observar en este análisis, el año 2020 tuvo acontecimientos relevantes para la vida republicana, pero también conflictos internos entre autoridades del Estado. Esos episodios lo hacen un año caracterizado por lo Constitucional.
Encontramos diversas manifestaciones, que van desde la tradicional justicia de paz, el reconocimiento de justicia de pequeñas causas, modelos con adscripción a sistemas judiciales formales otros informales, hasta la inserción de justicia vecinal, justicia barrial, multipuertas, etc.
La norma del artículo 1 Nº1 de la Ley Nº21.039 publicada con fecha 20 de octubre de 2017, que pretendía otorgar competencia a los Tribunales Tributarios y Aduaneros para conocer la acción de nulidad de derecho público de los actos administrativos del Servicio de Impuestos Internos (SII), constituye uno de los errores legales más notorios en la actualidad.
Podría eventualmente acontecer, que ninguno de los candidatos, tanto a Presidente como a Vicepresidente, obtengan la mayoría necesaria para ser elegidos en dichos cargos.
No podemos compartir dicha premisa de esperar a futuras leyes de ciberseguridad, de delitos informáticos o de tratamiento de datos personales para fundar legalmente la responsabilidad de los servicios públicos ante posibles negligencias, y por cierto tampoco para el sector privado.
Algo similar ocurre con un derecho sin garantías, es un derecho, parece un derecho, tiene los elementos propios de todo derecho, sin embargo, si no existen garantías que lo amparen, no podrás ejercerlo de manera empírica y concreta, podrás utilizar el derecho para otros fines, como por ejemplo, estamparlo en una polera e ir a un concierto.
En cualquier procedimiento ordinario el juez podría valorar la prueba testimonial de acuerdo con las disposiciones normativas establecidas ex ante por el legislador y, al mismo tiempo, valorar una prueba pericial de acuerdo con las inferencias probatorias establecidas ex post por el propio sentenciador.
En palabras de la OEA, las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019, se deben razonar en: “Manipulación dolosa”, y “parcialidad de la autoridad electoral” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”.
En la Convención Constitucional, el debate sobre la regulación estatal de precios se dará en el contexto del debate mayor sobre el orden público económico, pero constituirá uno de sus capítulos más importantes.
La presión social y política impulsará a los abogados, jueces y servidores públicos a resolver las disputas legales e interpretar la legislación ahora no con los métodos del derecho continental, sino que en base al neoconstitucionalismo que emergerá ya no como argumento escondido, sino como doctrina interpretativa predominante.
La declaración de inconstitucionalidad del proyecto en cuestión, evidencia no solo el valor de la jurisprudencia del TC como fuente material de Derecho parlamentario, sino además establece un precedente parlamentario que limita la presentación de eventuales iniciativas de semejante naturaleza legislativa.
Con el 70% de abstención, pese a las presiones y amenazas, sin mínimas garantías a la oposición, omnipresencia chavista antes, durante y después de los comicios, no evidencia la realidad electoral ni representa la auténtica voluntad ciudadana.
En Derecho Penal también existe protección a la familia, por ejemplo existen ciertos delitos tipificados, con mayor gravedad cuando se cometen con miembros de la familia o también se manifiesta en la ley de violencia intrafamiliar.
