Los tribunales de familia de la ciudad de Santiago, como todo el sistema público se han visto enfrentados a una situación atípica que los ha llevado a ir evaluando e ideando maneras de enfrentar la contingencia.

El brote de covid-19 que afecta al mundo, ha llevado al sistema judicial chileno a ver interrumpida su normalidad. Y si bien se cuenta con normas que regulan el funcionamiento de nuestros tribunales de justicia, es inédita esta situación en la cual la crisis se alarga en el tiempo, sin tener una certeza concreta de poder retomar la normalidad. Nuestro país sabe de emergencias, no es ajeno para ningún habitante, chileno o extranjero avecindado en el país el hecho cierto que cada tantos años vivimos la experiencia de un terremoto, o de distintas catástrofes a lo largo y ancho del territorio; sin embargo, una pandemia como la del covid-19, que nos afecta como al resto del mundo, sin las herramientas para combatirlo y poniendo a todo el planeta en estado de catástrofe ha obligado a replantearse cómo poder sobrellevar el trabajo y darle continuidad al servicio.

Así lo entendieron desde el primer momento nuestros magistrados. La Corte Suprema y las distintas Cortes de Apelaciones procedieron rápidamente a dictar los correspondientes Autos Acordados, a fin de dar las instrucciones para el adecuado y correcto funcionamiento de los distintos tribunales de las respectivas jurisdicciones. Así primeramente se diseñaron las pautas a dirigir el adecuado funcionamiento de las diferentes unidades, pero ante la falta de certezas de la duración del estado de excepción se ha debido ir modificando dichas disposiciones iniciales. Todo esto considerando los avances tecnológicos con que se cuenta y la imposibilidad de realizar las audiencias, debido a las instrucciones sanitarias ordenadas por las autoridades de salud.

La tramitación electrónica ya es una realidad implementada por el Poder Judicial, las causas se tramitan electrónicamente hace ya un tiempo y el sistema está diseñado para aquello; pero por el principio de inmediatez que rige los tribunales de familia y la Ley 19.648, las audiencias deben ser presenciales ante el magistrado. Este es a mi parecer, el elemento que nos ha llevado como actores del sistema a enfrentarnos con una realidad que ha generado el punto de inflexión.

Los tribunales de familia de la ciudad de Santiago han modificado el criterio en el transcurso de la crisis. Como la ley señala, las causas que se ventilen en sede de familia se deben realizar en una audiencia que preside el Magistrado, en presencia de las partes y los funcionarios correspondientes. Ahora bien, como la ley ordena que la audiencia es presencial de las partes ante el Magistrado, y por especial instrucción de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción de Santiago, las audiencias han debido ser reagendadas para una fecha futura, eso en una primera etapa. Luego vino una segunda reagenda, dado la extensión de las medidas sanitarias y la cuarentena parcial decretada, extendiéndose la agenda nuevamente en el tiempo.

Ahí se abre la posibilidad, dada la tecnología con que cuenta el sistema, a realizar las audiencias de manera virtual o; por el mecanismo de teleconferencia, en el cual se cumpliría con el principio de la inmediatez. Así se realizó, ya va para un mes una primera audiencia de violencia intrafamiliar, en el Centro de Medidas cautelares de Santiago, donde se pudo probar la viabilidad de recursos para la realización de otras audiencias de manera virtual.

Así a la fecha, el sistema de tribunales de familia de Santiago, en concreto el Comité de Jueces del segundo juzgado de la misma jurisdicción, determinó el comienzo de la realización de audiencias por videoconferencias, abriendo así un nuevo capítulo en la aplicación de las tecnologías en beneficio de los usuarios y con un espíritu innovador, que no cabe ninguna duda abrirá un nuevo escenario al que el sistema judicial y legal de nuestro país sigue siendo transformador en el contexto de los países de la región. (Santiago, 21 abril 2020)