Durante la época electoral, surjieron “nuevas” propuestas de política criminal. Una de ellas propone obligar a los reos a trabajar en las obras públicas del país.
Primero habría que constatar que esa propuesta nos lleva de vuelta a la época colonial, en que existía la posibilidad de obligar a los reos a trabajar en las obras públicas. Los que vivimos en Santiago cruzamos de vez en cuando el puente Cal y Canto, cuya construcción inicial es fruto de ese trabajo forzado. El historiador del derecho Javier Barrientos describe que las autoridades públicas se aprovecharon de esa mano de obra barata y obligaron a los reos a trabajar cuando ya habían cumplido su pena. Eso conllevó a que en 1781 se creara, mediante Auto Acordado, un juzgado para reos rematados, una de cuyas funciones fue la de evitar que los presos cumplan penas más largas que las dispuestas en la sentencia o que sufran otros excesos. (Barrientos, J. El Juzgados de Reos Rematados del Reino de Chile 1781-1805, Rev. estud. hist.-juríd.  N° 22, 2000).
Diego Portales perseguía una idea similar. Quería moralizar a los delincuentes y garantizar que las penas intimiden efectivamente. Por eso ordenó en 1836 la construcción de presidios ambulantes, jaulas atornilladas en carros que transportaban a los reos de una obra pública a la siguiente. Portales argumentó que esto bajaba los costos de las penas y transmitía los hábitos de laboriosidad y disciplina a los reos. Pero en 1842 Andrés Bello criticó los presidios ambulantes como crueles, alegando que la sociedad no se podía beneficiar de ese tipo de sanciones. Esa crítica desembocó en la decisión de construir la Penitenciaria como forma de castigo más útil (León, M. Entre el Espectáculo y el Escarmiento: el Presidio Ambulante en Chile 1836 -1847, Revista Mapocho, N° 43, 1998).
Vemos que la idea de obligar a los reos a trabajar no es tan innovadora. En distintos momentos de la historia nacional se propusieron ideas similares que luego fueron superadas. No parece ser una propuesta de “renovación nacional” sino de vuelta atrás. Sería importante, sin embargo, retomar esta preocupación, ya que Chile sigue siendo uno de los pocos países de la región que no cuenta con Juzgados de Ejecución de Penas o de Garantías Penitenciarias.
La iniciativa ignora o desconoce además la realidad. No es que los presos no quieran trabajar, todo lo contrario. Existe una falta masiva de oferta laboral. Las personas están condenadas al ocio, pues no hay trabajo. Según estudios chilenos “un 42,9% de los internos que no realizan un trabajo al interior del penal señalan que se debe a la escasez de oferta laboral en la cárcel”, y de quienes trabajan solo un 32,4% señala recibir remuneración (Sánchez, M y Piñol, D. Condiciones de vida en los centros de privación de libertad en Chile, IAP U. Chile, 2015).
En los últimos años, el Estado ha reducido constantemente los fondos dedicados a actividades de reinserción. Los parlamentarios son los responsables de este desarrollo, pues aprobaron año tras año los presupuestos respectivos. Si pocos presos trabajan es entonces responsabilidad de los mismos políticos que presentaron sus proyectos de campaña. Un primer paso sería revertir esto.
Además, no solo hay una falta de claridad legislativa en materia laboral, sino en todo el tema penitenciario. Los funcionarios que trabajan en las cárceles no cuentan con una base legal que respalde su accionar, ni los presos tienen una normativa que respalde sus derechos constitucionales. Sería importante que los políticos que ahora se están posicionando digan si quieren que el Estado de Derecho tenga validez al interior de las cárceles o no. De ser así, se requiere comenzar a trabajar en una Ley de Ejecución de Penas y crear Juzgados de Garantías Penitenciarias en vez de propuestas “parche” como la reciente iniciativa. Hace falta un debate público sobre las cárceles y el tipo de operador penitenciario que queremos. (Santiago, 27 noviembre 2017)